Catastróficas desdichas en Algesa

El caso Algesa se ha convertido en una sucesión de catastróficas desdichas para el equipo de gobierno del PP. El Ayuntamiento ha perdido los dos juicios de lo Social por el despido de los exdirectivos que fueron detenidos por Aduanas. Asimismo, en el segundo de ellos, la declaración de la ex gerente en funciones sobre un supuesto "montaje político" provocó la primera crisis de gobierno de este mandato y desembocó en la dimisión del entonces concejal de Limpieza, Bernabé Ramírez, alegando motivos de salud. Unos acontecimientos que llevan a cuestionar la estrategia que está manteniendo el Gobierno local, que ha optado por recurrir el último fallo ante la Sala de lo Social del TSJA a la espera de que la causa penal -todavía por resolverse- le depare buenas noticias que cambien su suerte.

El caso Algesa estalló el 24 de abril de 2012 cuando Vigilancia Aduanera detuvo a tres directivos de Algesa cuando salían del Punto Limpio de Los Guijos con mercancía falsificada decomisada que debía haber sido destruida. El entonces gerente, Manuel López; el jefe de Servicio, Juan José González; y el jefe de Taller, Juan Manuel Carrillo, portaban, según las diligencias, material textil en un vehículo particular y dos de la empresa cuando fueron arrestados por los agentes.

El equipo de gobierno los apartó primero del servicio y luego los despidió, presentando éstos una demanda. El Juzgado de lo Social les dio la razón en diciembre de 2012, declarando los despidos improcedentes. El magistrado se basó en tres hechos: primero, que la carta de despido incumplió los requisitos formales; segundo, que la detención por sí sola y como único hecho en el que se basó el despido no era "incardinable" en el tipo disciplinario; y tercero, que se incumplió con el requisito de trámite de audiencia a la sección sindical.

El juez ordenó al Consistorio readmitir a los trabajadores de Algesa o indemnizarles -incluyendo el blindaje de 238.000 euros del contrato de López-; ante lo que el equipo de gobierno optó por indemnizar a Carrillo -el más barato de finiquitar- y readmitir a los otros dos para luego volver a despedirlos. El PP señaló entonces que en el nuevo proceso se iban a subsanar todos los errores señalados en la primera sentencia. Sin embargo, incomprensiblemente, el equipo de gobierno volvió a tropezar en la misma piedra, ya que la segunda sentencia de lo Social vuelve a declararlos improcedentes por un defecto de forma; en concreto, por comunicarse los despidos fuera de plazo.

La defensa de los exdirectivos ya advirtió sobre la posible prescripción de los despidos en el inicio del segundo juicio, el pasado 10 de junio, solicitando que éste no se celebrara hasta que el juez no determinara sobre este aspecto. El representante del Ayuntamiento, no obstante, reclamó que éste se llevara a cabo, lo que trajo consigo que en las testificales tomara la palabra Patricia Rodríguez, la entonces gerente en funciones de Algesa, y soltara la bomba sobre el "montaje político". La afirmación de la jefa de Recursos Humanos cogió por sorpresa a muchos de los presentes pero, en teoría, no al representante del Consistorio ya que, según aseveró Rodríguez durante las preguntas, ambos mantuvieron una reunión previa y ésta le advirtió de que en el juicio iba a contar "toda la verdad". Algo que lleva a pensar que el equipo de gobierno podría haber evitado, o al menos retrasado, la crisis política de la dimisión de Ramírez; que se materializó cuando la ex gerente en funciones entregó en la Fiscalía las grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre ambos sobre el supuesto "montaje" y la transcripción de las mismas fue filtrada a algunos medios.

Se da la circunstancia además de que para este segundo juicio el equipo de gobierno recurrió para su representación a una persona externa al Ayuntamiento; en concreto, el graduado social Félix Vilches. A preguntas de este diario sobre por qué no se recurrió a uno de los abogados del Consistorio, el equipo de gobierno señaló que se trata de una "opción legal" que ya ha sido utilizada en este y en el anterior mandato. El PP añadió que Vilches es un "experto" en la materia y que hasta ahora los asuntos jurídicos de Algesa los había estado llevando Patricia Rodríguez, pero que por motivos obvios -y al ser una testigo de cargo- no podía llevar esta causa y se contrató a Vilches para que representara al Ayuntamiento.

El PP ha decidido ahora, con el apoyo de IU, recurrir la sentencia ante el TSJA. El equipo de gobierno confía en que, mientras se resuelve, el Juzgado de lo Penal dicte sentencia sobre la detención de los exdirectivos; al entender que una condena sobre éstos por un supuesto delito contra la propiedad intelectual garantizaría la procedencia de los despidos. El Consistorio sigue de este forma ligando la causa laboral con la penal. Una estrategia que no está claro llegue a buen término si se analizan las dos sentencias de lo Social. En la primera ya se dijo que la detención por sí sola no era causa para el despido. Asimismo, en la segunda causa se presentó como causa del despido el incumplimiento grave de la buena fe contractual y la vulneración de la honorabilidad por parte de los exdirectivos que habían sido arrestados. Sin embargo, el juez no entró a valorar estos hechos -el fondo del asunto- ya que se había vuelto a cometer un error de forma en la notificación de los despidos. Este hecho es clave, ya que en él se basa el resultado del fallo; por lo que será lo que estudie en primer lugar el TSJA. Es decir, que en principio, si el Alto Tribunal andaluz ratifica la caducidad de los despidos tampoco entraría en el fondo por lo que seguirían siendo improcedentes y en nada afectaría el fallo de la causa penal.

No obstante, el equipo de gobierno ha resaltado los aspectos positivos de la segunda sentencia. Primero, que el juez rechaza declarar nulos los despidos al no ver pruebas en la denuncia sobre el "montaje político". Algo sobre lo que también se tendrá que pronunciar la Fiscalía tras recibir las conversaciones telefónicas. Y segundo, que no condena esta vez a pagar el blindaje de López. Eso sí, dejando claro que no se pronuncia al respecto porque éste no lo había solicitado expresamente en el súplico de la demanda, lo que no quita que pueda reclamar dicha cantidad en un proceso posterior.