La Mesa del Parlamento catalán admitió ayer a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para prohibir las corridas de toros, tras lo cual, los promotores deberán acreditar en los próximos meses un mínimo de 50.000 firmas. La iniciativa fue registrada en el Parlamento catalán el pasado 29 de octubre y ayer la institución catalana la admitió a trámite, por lo que se ponen en marcha los plazos y formalismos legales establecidos para las ILP

Los promotores presentaron una proposición de ley de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, en la que piden que se prohiban las corridas y los espectáculos que incluyan la muerte del animal, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que se celebren en las plazas de toros o fuera de ellas.

Como excepción, admiten las fiestas con bueyes sin muerte del animal que se hagan en localidades donde tradicionalmente se celebran. La propuesta también contempla que el Govern compense económicamente a los propietarios de las plazas.

La propuesta fue registrada por representantes de varias asociaciones animalistas, y entre su comisión promotora se encuentra el que fue candidato a la Generalidad de Cataluña en las pasadas elecciones, Manel Macià i Gallemí. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de personajes de la sociedad catalana como Pilar Rahola o el cantautor Pep Sala. Desde hace un mes llevan trabajando intentando movilizar bases y fedatarios, ya que la ley es muy rigurosa en ese aspecto, y establece el plazo, forma y personas autorizadas para recoger las firmas válidas que deben apoyar la propuesta.

La comisión debe sellar y numerar las hojas y devolver los pliegues a los promotores, que tienen 120 días hábiles, ampliables a 60 más, para reunir las 50.000 firmas. Si lo lograran, comenzaría la tramitación parlamentaria, en la que los grupos pueden presentar enmiendas a la totalidad, y la Junta de Portavoces podría incluir en el orden del día de un pleno el debate de totalidad de la proposición.

El problema está en seleccionar un alto número de fedatarios que realizan la recogida. Ellos son los encargados de recogerlas y dar fe, y tan sólo podrán hacerlo los autorizados por el Parlamento. De hecho, el grupo ha trabajado en sigilo durante las últimas dos semanas, pidiendo silencio a sus bases, intentando recoger el máximo número de fedatarios.

Superados los trámites del debate de totalidad y del trabajo en Comisión, la proposición de Ley pasaría de nuevo al Pleno del Parlamento, donde será votada por los grupos políticos, con las enmiendas y modificaciones realizadas. En caso de mayoría favorable, será aprobada la nueva ley.