Los concejales socialistas Miguel Tornay y Manuel Caeiro prestaron ayer declaración en calidad de testigos ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de La Línea en el caso Villa Juliana, la parcela que el Ayuntamiento vendió en mayo de 2006 a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emusvil) por 459.000 euros.

El alcalde, Juan Carlos Juárez, declaró entonces que el dinero procedente de la enajenación había sido utilizado para pagar parte de la nómina municipal, razón por la que el PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía. Izquierda Unida (IU) también adoptó esta medida.

Ayer, según indicó Miguel Tornay en declaraciones a este diario, los concejales socialistas reiteraron ante el juez que, según la legislación vigente, el dinero procedente de la venta de suelo "sólo puede ser destinado a la compra de más terreno o la conservación del patrimonio. Sin embargo, es práctica habitual de este equipo de gobierno utilizar ese dinero para pagar gastos corrientes amparándose en el concepto de caja única", puntualizó a Europa Sur.

La denuncia interpuesta en su día por el PSOE motivó que Juárez tuviera que prestar declaración en noviembre de 2006 ante la Policía Autonómica en Cádiz. Días antes, dos agentes habían acudido al Ayuntamiento enviados por la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente para entrevistarse con el secretario general y el interventor, a los que pidieron información sobre la venta de esta parcela municipal.

En su declaración ante la Policía Autonómica, Juárez defendió la legalidad de la venta y aseguró no recordar si el dinero había sido utilizado para pagar las nóminas de los trabajadores municipales. Alegó no obstante que el Ayuntamiento tiene una caja única a la que van todos los ingresos y que la ley permite que, de manera transitoria, el dinero procedente de la venta de suelo se destine a otros gastos, para posteriormente ser empleado para los fines que establece la ley. Agregó que así se hizo en el caso de Villa Juliana.

La visita de la Policía Autonómica al Ayuntamiento para obtener información sobre la enajenación de esta parcela llevó al PSOE a ampliar su denuncia ante la Fiscalía. En concreto, la formación incluyó una larga relación de terrenos de los que el equipo de gobierno se ha ido desprendiendo desde su llegada a la Alcaldía en 1999, entre ellos las parcelas vendidas a Roseworld; una finca en el camino de Sobrevela por la que percibió 3,5 millones; la parcela del Mesón Turístico, cuyos ingresos fueron de 3,4 millones; otra en Santa Margarita por 3,1 millones; y otra en el camino de Torrenueva por valor de 1,7 millones.

En diciembre de 2006, la Fiscalía Provincial de Cádiz, tras observar indicios de delito en esta venta, derivó el caso a los juzgados de La Línea, en concreto al número 3 donde prestaron declaración ayer Tornay y Caeiro, para que las diligencias previas fueran incoadas "y comprobar así los hechos denunciados, su autor y circunstancias concurrentes de relevancia penal".