El equipo de gobierno defendió ayer su actuación con las parcelas del caso Roseworld y apuntó que no entiende que "situaciones normales se conviertan en criminales".

Para el Ayuntamiento de La Línea, la situación "es absurda ya que parece que es un crimen o un delito que el dinero que entra en el Ayuntamiento sea utilizado para cubrir obligaciones del propio Ayuntamiento. La raíz es que no se enteran de cómo funciona la institución municipal y tratan de confundir".

El equipo de gobierno, del que está al frente el alcalde, Juan Carlos Juárez, añadió que "en ninguna denuncia, ni en ninguna información, se dice que ese dinero haya sido gastado en juergas o que se lo hayan llevado a casa o en bolsas o que se hayan enriquecido concejales. Jamás se discute eso. Sólo se dice que ese dinero sirve para pagar cosas del Ayuntamiento y parece que es un delito".

Ante esta situación, el PP se pregunta cómo se podrían afrontar las necesidades económicas de un ayuntamiento. "¿Será necesario recurrir al contrabando para pagar la nóminas? A lo mejor eso es legal; habrá que consultar a la subdelegación del Gobierno para ver si con actividades ilícitas se puede justificar el pago de nominas, proveedores y suministro. Al final se alcanza un discurso absurdo de ataques y defensas con algo tan simple".

Cabe recordar que el interventor municipal, Sergio Gómez, declaró el pasado viernes ante el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Algeciras que el dinero procedente de la venta de suelo al a empresa Roseworld se destinó en primera instancia a gastos de personal, a pesar de que se elaboró un apunte contable por el que esa cuantía quedaba vinculada a la compra de patrimonio, según pudo saber este diario a través de fuentes jurídicas.

También comparecieron ayer en el juzgado el administrador único de la mercantil, Anil Thakurdas, y el secretario de la Mesa de Contratación que vendió las cuatro parcelas municipales a esta empresa, José Alfonso Ruiz Pau. El que no acudió fue el ciudadano irlandés Kevin Phelan, aunque las partes acordaron que, dado que éste compartió durante algún tiempo la administración macomunada de Roseworld con Anil Thakurdas, la declaración de éste último era suficiente.

Thakurdas reconoció que en el momento de la enajenación de las parcelas, Roseworld no tenía propiedad alguna en el municipio, a pesar de que la empresa presentó entonces una declaración jurada en la que aseveraba tener otras propiedades. Además indicó que la mercantil carecía de experiencia en el desarrollo de proyectos urbanísticos como el previsto para el suelo enajenado. Por su parte, Ruiz Pau reiteró que, en su opinión, la exclusión de Promaga, la otra empresa que optaba a la compra de los terrenos, no fue correcta así como que esa decisión había sido tomada antes de que se reuniera la Mesa de Contratación.