El Ayuntamiento decretó ayer el traslado del letrado asesor José Alfonso Ruiz Pau de la concejalía de Hacienda a la de Servicios Sociales, según confirmaron a Europa Sur fuentes jurídicas. El funcionario municipal, que está imputado en el caso Roseworld, presentará una alegación al no estar de acuerdo con una medida que, según pudo saber este diario, no ha sido consultada previamente con los sindicatos.

A preguntas de Europa Sur sobre este asunto, el concejal de Personal, Gabriel Gonzálvez, explicó que el Ayuntamiento "le ha realizado este ofrecimiento a Ruiz Pau al entender que en su nuevo destino puede sentirse más cómodo y obtener una mayor satisfacción".

"José Alfonso Ruiz Pau ha estado varios días de baja laboral. A su incorporación, se le ha propuesto el traslado a una concejalía que tiene además una gran carga de trabajo jurídico y donde puede realizar una importante labor", puntualizó el edil del PP, que reconoció, no obstante, que el funcionario "ha expresado su disconformidad. Dispone ahora de siete días para alegar. Si es así, la alegación será resuelta en uno u otro sentido", añadió Gonzálvez, que recordó que si la resolución de esa alegación no es favorable a Ruiz Pau, el trabajador tendrá que acatarla "porque es un funcionario de la Administración".

Por otro lado, el PSOE se pronunció ayer sobre este tema en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida por su secretario general, Miguel Tornay. A este respecto, el político socialista indicó que su formación "espera que este traslado no sea una represalia y obedezca a una necesidad del Ayuntamiento. De todas formas, no nos extrañaría que fuera una represalia tal y como se las gasta este equipo de gobierno", dijo.

El pasado día 18, José Alfonso Ruiz Pau, que fue secretario de la Mesa de Contratación que vendió cuatro parcelas municipales a Roseworld, reiteró ante la titular del juzgado de instrucción número 1 de La Línea que la exclusión de Promaga, la otra empresa que optaba a los terrenos, no fue, a su juicio, "correcta", y aseguró que esta circunstancia la puso de manifiesto en un documento aportado ese día y que fue admitido por la juez, con fecha del 12 de diciembre de 2005, "en el que consta haber sometido a pleno el asunto sin haberse resuelto las observaciones y reclamaciones presentadas por Promaga, las cuales se debieron resolver con carácter previo a la celebración del pleno".

En su declaración, José Alfonso Ruiz Pau hizo hincapié en que sus funciones como secretario de la Mesa de Contratación se limitaron "a velar por la legalidad formal, es decir, levantar acta de la evolución de la sesión y comprobar la documentación de conformidad con el pliego de condiciones, sin intervención alguna en la redacción de dicho pliego", y destacó que el secretario "no tiene que ser letrado".

Por otro lado, reseñó, tal y como hiciera el pasado 10 de diciembre, cuando prestó declaración como testigo y salió del número 1 como imputado, que antes de la reunión del 5 de diciembre de 2005 mantuvo un encuentro con el entonces gerente de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, al que manifestó que le parecía "muy fuerte y rigurosa" la exclusión de Promaga, ya que en anteriores ocasiones no había sido rechazada.

Además, según la declaración, le trasladó que le parecía "forzada" la exclusión de una empresa "que daba dos millones más sin hacer un estudio más detallado, a lo que Calama respondió que el tema ya había sido visto por la asesoría jurídica y que, como secretario de la mesa, se limitara a dar lectura de dicho informe".