El Consistorio actuará contra 16 ediles que votaron a favor del aparcamiento

El Ayuntamiento actuará contra 16 concejales del PA y PP -integrantes del equipo de gobierno en 2001- que fueron los que votaron a favor de la edificación del aparcamiento Escalinata. El Consistorio les abrirá un expediente de responsabilidad patrimonial si el Tribunal Supremo rechaza el Plan de Movilidad como herramienta para legalizar el parking y, como consecuencia, hay que abonar una indemnización millonaria a la concesionaria Nautagest.

El expediente se basará en el Pleno del 31 de julio de 2001, en el que se dio el visto bueno al proyecto del estacionamiento, y a cuyo acta de la sesión ha tenido acceso Europa Sur. El punto sobre el Escalinata fue aprobado por 16 votos a favor y 8 en contra (PSOE e IU). Los ediles que avalaron que se levantara el parking fueron, por parte del PA, Patricio González, José Ortega, Hermenegildo González, Felipe Mediavilla, Águeda Cruz, José Ángel Pimentel, Juan Gómez, Miguel Ángel Cruz, Enrique Morris y Izaskun Uriarte. Los otros dos ediles andalucistas que estaban en la Corporación -Francisco Calvo y Patricia Villatoro- no acudieron a la sesión. Por parte del PP apoyaron la iniciativa seis concejales: Encarnación Gallego, Luis Ángel Fernández, Eulogio Rodríguez, Enrique Cristelly, África Arellano y Dámaso Domínguez. Este último hacía poco que había ocupado el sillón de José Ignacio Landaluce al ser éste designado diputado por su partido.

En aquella sesión la oposición advirtió al equipo de gobierno de las ilegalidades del proyecto, pero éste hizo caso omiso. Así, Isabel Beneroso (PSOE) alertó del "despropósito" de hacer pasar por subterráneo el parking tomando como rasante la Plaza Alta. Asimismo, resaltó que infringía el Plan General. Unas irregularidades que tres años después se confirmaron en la sentencia del TSJA .

Andrés del Río (IU) también demostró sus dotes de vidente. El edil denunció que se había derribado la Escalinata sin licencia y vaticinó: "Están aprovechándose de la lentitud de la Justicia. Dentro de seis o siete años, cuando el Supremo establezca que es ilegal, nos encontraremos con un edificio consolidado que difícilmente se podrá derribar y pretenderán legalizarlo". Dicho y hecho: el Tribunal Supremo ratificó que era ilegal en 2008 y ahora se intenta legalizar con el Plan de Movilidad.

José Ortega (PA), entonces edil de Urbanismo, replicó que la obra no necesitaba licencia porque los aparcamientos son una concesión administrativa. Un argumento que tumbó el TSJA negando que por ser una obra municipal pudiera saltarse dicho trámite.

Luis Ángel Fernández (PP) defendió el proyecto sustentándose en el informe elaborado por el arquitecto municipal Arsenio Pacios, que puede ser uno de los técnicos que también se vea afectado por el expediente de responsabilidad patrimonial. El edil popular dijo que el edificio se ajustaba a la normativa del PGOM según el arquitecto. A lo que añadió: "Es decir, que probablemente piensan ustedes que también prevarican los técnicos. Lo que va a votar el equipo de gobierno se ajusta a lo que dicen los informes y por ello pueden estar plenamente satisfechos". Sin embargo, el parking no se ajustaba al PGOM, según el TSJA, ya que un suelo de espacio libre no puede albergar un parking subterráneo.

El arquitecto municipal en su informe desaconsejó que se construyeran las oficinas. El parking se levantó sin ellas pero, en 2005, Ortega dio licencia y se construyeron. Entonces la Alcaldía ya la ostentaba el PSOE, que gobernaba con el PA. El TSJA, recientemente, reprendió al Consistorio por permitir las obras en un parking ilegal.