Pedirán responsabilidad patrimonial a González y Ortega por el Escalinata

El Ayuntamiento de Algeciras exigirá responsabilidad patrimonial a los políticos y técnicos municipales que propiciaron la construcción del aparcamiento Escalinata. El equipo de gobierno adoptará esta medida, a través de la apertura de un expediente, en caso de que el Tribunal Supremo rechace el recurso de casación sobre la validez del Plan de Movilidad Urbana para legalizar el parking, según indicaron ayer a este diario fuentes municipales.

El expediente de responsabilidad patrimonial afectaría a los concejales que aprobaron en el Pleno del 31 de julio de 2001 el proyecto del aparcamiento promovido por la empresa concesionaria Nautagest, entre los que se encontrarían el ex alcalde Patricio González y el entonces responsable de Urbanismo, José Ortega. El punto salió adelante con los votos a favor del PA y del PP, entonces equipo de gobierno, mientras que el PSOE e IU mostraron su rechazo. Asimismo, la actuación iría dirigida contra los arquitectos municipales que redactaron el proyecto y los informes sobre el parking subterráneo; así como contra el resto de técnicos que participaron en los trámites administrativos.

El aparcamiento Escalinata fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en diciembre de 2004, al entender que se había hecho pasar de forma "grotesca" por subterráneo al tomar como rasante la Plaza Alta y no la avenida Virgen del Carmen. La denuncia partió de la comunidad de propietarios del edificio Atlántida. El Consistorio y Nautagest acudieron al Supremo y éste desestimó el recurso en 2008. Los vecinos del Atlántida y del edificio Escalinata -que se sumaron a la causa tras quedar este inmueble en ruina urbanística por los daños causados durante las obras del parking- solicitaron la ejecución de la sentencia, que puede conllevar el derribo del aparcamiento.

El Consistorio paralizó la ejecución tras aprobar el Plan de Movilidad en 2007 y presentarlo posteriormente como una herramienta válida para legalizar el estacionamiento, ya que en este documento se regulan las rasantes de los parking. Sin embargo, el TSJA ya ha rechazado este documento para salvar la construcción, por lo que sólo queda que el Supremo se pronuncie sobre el último recurso de casación presentado por el Consistorio y Nautagest. Un último cartucho legal que tiene pocas posibilidades de prosperar, después de que el TSJA advirtiera recientemente -en la causa sobre las oficinas del parking- que el Plan de Movilidad no podrá revertir la situación de ilegalidad del parking.

Por ello, el Ayuntamiento se teme lo peor ya que un nuevo varapalo en los juzgados puede conllevar una orden de demolición del estacionamiento o que el edificio que lo alberga se quede fuera de ordenación, al no poder tener uso de parking subterráneo por estar sobre suelo de espacio libre.

Ambos escenarios implicarían para el Ayuntamiento tener que pagar a Nautagest una indemnización millonaria, ya que la empresa construyó el parking tras recibir el visto bueno del Pleno. El presupuesto que presentó en 2001 la sociedad para levantar el aparcamiento superaba los 2 millones de euros. Asimismo, la concesión administrativa aprobada fue por 50 años. Por tanto, en caso de que el Consistorio se vea obligado a rescatar la concesión, tendrá que abonar a Nautagest el lucro cesante por los años de explotación que le restan, al contar con todos los parabienes del Ayuntamiento.

Los políticos implicados pertenecen a la Corporación que salió de las elecciones de junio de 1999. El PA las ganó y obtuvo 12 ediles -Patricio González, José Ortega, Hermenegildo González, Francisco Montoya, Francisco Calvo, Felipe Mediavilla, Águeda Cruz, José Ángel Pimentel, Juan Gómez, Miguel Ángel Cruz, Enrique Morris y Patricio Villatoro-, mientras que el PP logró seis concejales -Encarnación Gallego, José Ignacio Landaluce, Luis Ángel Fernández, Enrique Cristelly, África Arellano y Eulogio Rodríguez-. De éstos, serán responsabilizados los que votaron a favor en el Pleno de julio de 2001 o rubricaron algunos de los actos administrativos previos.