El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves el inicio de la regularización de las viviendas de uso turístico en la capital, un fin compartido por todos los grupos pero que no ha logrado el consenso político por diferencias con el modelo y los tiempos utilizados, aunque con un amplio respaldo por parte de grupos de izquierda y derecha. Sóloo el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra de la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pone en marcha este proceso y que persigue reconocer este fenómeno, hasta ahora ausente en la normativa municipal, y encuadrar a estos pisos en el uso terciario, exigiéndole los mismos requisitos que al resto de alojamientos: hoteles, pensiones, hostales y apartamentos.

Este paso se da después de que la regulación se haya aprobado inicialmente ante el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, donde tampoco hubo consenso político, y tras una ronda de conversaciones con los distintos sectores afectados: desde los hosteleros a las asociaciones de vecinos de los barrios con mayor presión turística y las asociaciones de gestores y propietarios de las viviendas de uso turístico, que han confirmado ya que alegarán al considerar “injustificada” esta modificación y que estudiarán la adopción de medidas legales por la paralización de las viviendas turísticas en Sevilla.

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha defendido ante el Pleno la propuesta reiterando que no tiene carácter retroactivo y que se trata de una medida que pretende equilibrar y evitar el desplazamiento del alquiler residencial hacia el turístico, una circunstancia que altera la piel de muchos barrios porque conlleva un cambio en el tipo de comercios y negocios hosteleros. 

Precisamente ésta es la razón de interés general que esgrime el gobierno municipal con mayor fuerza para justificar la regulación y que le permite encontrar el encaje jurídico a una propuesta que llega casi seis años después de mandato del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. Un retraso que ha afeado el líder de la oposición, Beltrán Pérez, y que Muñoz alega que era necesario “por prudencia” y para evitar repetir los errores de otras ciudades que ya han acometido este proceso y que ha sido tumbado por los tribunales. 

El gobierno municipal, según dice Muñoz, ha iniciado el camino cuando ha contado con todos los argumentos jurídicos para impulsar un modelo que se asemeja al de Bilbao, que ya cuenta con el aval del Tribunal Supremo. El delegado ha apuntado también otros argumentos políticos y turísticos que justificarían la puesta en marcha de esta regulación en estos momentos de pandemia, un paréntesis que le permitirá ordenar la oferta de la ciudad y prepararla para la recuperación del turismo.

Muñoz ha reiterado que el modelo por el que apuesta el gobierno de Juan Espadas prima los hoteles por encima de las viviendas de uso turístico, al considerar que generan más empleo y riqueza. Y ha apuntado que las 30.000 camas en este tipo de pisos es una oferta más que suficiente para la ciudad, apostando por limitar a partir de ahora esta modalidad. Según el PSOE, si bien este fenómeno ha tenido efectos positivos en los últimos años, como la regeneración de una parte importante del caserío del centro histórico por ejemplo, también hay otras consecuencias negativas: problemas de convivencia vecinal; desplazamiento del alquiler residencial al turístico, lo que habría provocado una subida del precio del alquiler y la marcha de familias a otras barriadas,  desplazamiento del alquileres residencial hacia el turístico y eso tiene dos efectos sube el alquiler y vecinos se van a otras barriadas; y una supuesta competencia desleal generada por el hecho de que estos pisos de uso turístico se comercialicen en plataformas junto a la oferta turística reglada a pesar de no contar con las mismas exigencias urbanísticas para su apertura. 

El PP discrepa del modelo

El PP ha centrado gran parte de la tensión del debate al calificar de “intervencionista y discriminatoria” la regulación, que comparan con el modelo de Podemos en Madrid. Y ha acusado al gobierno de Espadas de distanciar su aprobación de la anterior campaña electoral, cuando se hizo ya una primera consulta para poner en marcha el proceso, para no perjudicar, a su entender, a los 7.000 propietarios de estas viviendas turísticas en la capital. Un extremo que ha sido desmentido con rotundidad por Muñoz, recordando que la norma no tendrá carácter retroactivo y que, por tanto, no perjudica a ninguno de los dueños y gestores de pisos que ya operan en estos momentos.

Los concejales del PP Beltrán Pérez y Juan de la Rosa, durante el Pleno.

El líder de la oposición, Beltrán Pérez, ha criticado que el gobierno municipal no haya tenido en cuenta los resultados de las consultas ciudadanas realizadas y ha tildado de "limitadores del derecho a la propiedad privada" la regulación al convertir en terciario un inmueble residencial si se destina a alojamiento turístico, algo que conlleva muchas dificultades, ha recordado el PP, para recuperar su antiguo uso. "La medida es intervencionista al pretender regular un mercado expulsando a los particulares, a través de la vía de los obstáculos, de la posibilidad de obtener rendimiento de su propiedad a través del alquiler turístico y no sé cómo esto puede apoyarlo ningún partido que diga que es liberal", ha comentado dirigiéndose a Ciudadanos.

El portavoz popular ha rechazado que la regulación equipare a un particular que quiere sacar rendimiento a su vivienda para pagar la hipoteca o los impuestos de transmisiones abusivos con la capacidad de gestión de las grandes cadenas hotelera y de gestión masiva de los edificios de apartamentos turísticos que, por cierto, tal vez sean los responsables del vaciado del casco antiguo y en esta regulación incluso se les favorece eliminando la competencia". 

La regulación es discriminatoria para el PP porque divide a los inmuebles en función de si pueden destinarse o no a usos turísticos dependiendo de en qué planta estén, "provocando la depreciación de esos inmuebles". "Pero la gran trampa con la que el alcalde se está frotando las manos es que si estas 7.000 viviendas pasan a usos terciarios pasarán de pagar el IBI, la basura y el agua residencial a pagarlo en su versión de usos diferenciados, con unos tipos más caros que ya se subieron al principio del mandato", ha acusado Beltrán Pérez, que ha considerado la regulación como una subida encubierta de impuestos a más de 7.000 vecinos.

Este extreno ha sido desmentido por el gobierno municipal, que ha aclarado que el Ayuntamiento de Sevilla no establece diferencias en función del uso urbanístico de los inmuebles, salvo en el 10% de los valores catastrales más altos. Por ello, este encarecimiento del IBI sólo afecta a hoteles o grandes edificios de apartamentos turisticos. El PSOE ha lamentado el endeble y confuso argumento de los populares y ha recordado que la tasa de basuras ya se cambió hace unos años y que estos pisos pagan más por generar una actividad económica. 

Pérez ha explicado que el PP ya llevaba un modelo de regulación de las viviendas turísticas en su programa electoral, que estos días ha rescatado y presentado a los distintos afectados, y que se asemeja al defendido en la ciudad de Málaga. 

Muñoz ha replicado al PP cuestionando qué intereses defienden con sus críticas a la regulación y ha enumerado las "goteras" de la alternativa popular, que ve "muy inconsistente". La primera tiene que ver con la zonificación que defiende Beltrán Pérez, una cuestión que ha sido tumbada judicialmente en otros ayuntamientos porque esta limitación no sólo afectaría a los pisos turístios, sino también a otras figuras alojativas, una circunstancia que, de aprobarse, ahuyentaría la inversión, según Muñoz. Otra tiene que ver con las zonas saturadas que propone el PP, pues si sólo se regulan esas zonas, el fenómeno se extenderá, como ya advierte un informe de la Junta de Andalucía, a otros barrios que se escaparán de esa regulación, por lo que es desaconsejable a juicio del gobierno municipal.

Satisfacción de Adelante Sevilla

Adelante Sevilla, que ha impulsado este proceso como parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno municipal en 2018, ha festejado el inicio de la regulación, en la que vienen trabajando desde el anterior mandato. La concejal Susana Serrano ha recordado que no sólo se trata de turismo, sino también de derecho a una vivienda digna alegando al efecto negativo que tiene este fenómeno en la subida de los alquileres en determinadas zonas. “Hoy se abre un camino que es insuficiente, pero positivo, en los próximos meses esperamos poder trabajar para ir declarando zonas tensionadas turísticamente en la ciudad”, ha apuntado. 

Ciudadanos, a favor al no ser una medida prohibitiva

En esta línea, Ciudadanos ha apoyado una medida que no es “prohibitiva”, según el portavoz del grupo, Álvaro Pimentel, que ha celebrado que se acabe con una laguna legal. “Esta regulación aporta seguridad jurídica a los propietarios que, a partir de ahora, sabrán a qué atenerse”. Además, ha apuntado que ahora se abrirá un proceso para mejorar la regulación que en ningún caso, ha recordado, invade las competencias de la Junta de Andalucía.

Desde el gobierno municipal también se ha insistido en que el Gobierno autonómico, en manos del PP y Ciudadanos, avala el paso dado por el Ayuntamiento de Sevilla.

El único voto en contra ha sido el de Vox que considera que, si bien la regulación es necesaria, no debe acometerse este proceso en este momento, pues se considera “precipitado” ya que el turismo es en estos momentos inexistente y no se sabe cómo será el que venga. El concejal García de Polavieja ha insistido en que este cambio urbanístico puede perjudicar a muchas familias que tienen en esta modalidad de alojamiento un medio de vida o un complemento para y van a beneficiar a los “fondos buitre”. Motivos que el gobierno municipal ha rechazado al carecer de la suficiente argumentación. 

Según los cálculos del gobierno municipal, la modificación de la ordenanza podría ser definitiva en el plano de seis o siete meses, aunque todo dependerá del volumen de las alegaciones que se presenten durante el proceso y el tiempo que tarden los informes. Si hará falta o no una ordenanza para completar la regulación es algo que aún está por decidir.