Abogados de Sevilla pertenecientes al movimiento #J2, que llevan meses denunciando las pensiones “ridículas” que les van a quedar por haber cotizado con la Mutualidad de la Abogacía y no como autónomos, han dado un paso más en su campaña de reivindicaciones y han empezado a denunciar a esa misma organización ante la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Las primeras fueron interpuestas ayer mismo por la mañana en la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, en Blas Infante, y a lo largo de toda la jornada muchos profesionales de otras provincias andaluzas hicieron lo mismo, igual que en el resto de España. La intención de los afectados es que la investigación, una vez que la Policía unifique en un mismo expediente las denuncias recogidas en todo el país, corra a cargo de la Audiencia Nacional, pues ese es el ámbito de la problemática.

“El objetivo es que se proceda a la investigación de los administradores de la Mutualidad y de quien tenga relación al efecto de dilucidar responsabilidades”, explica Ana Gil, portavoz de este movimiento en Sevilla. “Las denuncias son individualizadas. Esperamos que las presentadas se acumulen y se proceda lo antes posible a la apertura e instrucción de los hechos”, añade.

La denuncia, según consta en la plantilla que los dirigentes del movimiento #J2 en Sevilla registraron ayer en la comisaría, se dirige “contra los administradores y directivos actuales y pasados de la Mutualidad General de la Abogacía (MGA)”, con sede en Madrid, y más en concreto contra su actual presidente Enrique Sanz, y su director general, Rafael Navas, sin perjuicio de que se amplíe “frente a cuantos investigados” puedan ser considerados autores de los cinco delitos que estos profesionales atribuyen a la Mutualidad: administración desleal, estafa, malversación, apropiación indebida y publicidad engañosa.

En el escrito presentado en las comisarías hay un relato cronológico que recuerda que hasta julio de 1996 era obligatorio para los nuevos abogados vincularse a la Mutualidad “como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión”. A partir de ese momento se admitió la posibilidad de darse de baja y pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero “era más teórica que real”. “Si lo hacías, perdías todo el capital y los intereses aportados en la Mutualidad y empezabas a cotizar en el sistema público desde cero. Perdías el dinero, el tiempo de cotización y, por ende, la posibilidad de obtener una jubilación con una base de cotización aceptable”, detalla la denuncia.

“La Mutualidad no permitía el reintegro de los pagos realizados ni te quedabas con lo aportado en depósito o con alguna opción de recuperación futura. Simplemente lo hacían suyo, esto es, se apropiaban de ello sin posibilidad de rescate ni siquiera futuro”, añade. Una de las principales reclamaciones del colectivo, de hecho, es crear una “pasarela” para traspasar las cotizaciones desde la Mutualidad al RETA sin perder ni las cantidades ni la antigüedad.

El siguiente gran acto de estos abogados es una manifestación que se celebrará el próximo sábado en Madrid para reclamar esa “pasarela digna”. Ya hubo otra el pasado 3 de febrero.