EL Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por 316 votos a favor y 5 en contra la primera reforma importante de la Constitución española de 1978. Cuando el Senado, la semana próxima, dé su visto bueno el principio de la estabilidad presupuestaria en la política económica de los gobiernos que se sucedan quedará consagrado al máximo nivel jurídico e institucional. Por tanto, su cumplimiento va a ser exigible a todas las instituciones, aunque la concreción del límite al déficit público se ha reservado para una futura ley orgánica a aprobar tras las próximas elecciones generales. Así lo ha querido el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que sorprendió a su propio partido al asumir una postura que había venido defendiendo el Partido Popular con el propósito declarado de calmar a los mercados, sortear las turbulencias financieras acrecentadas en agosto y ofrecer a nuestros acreedores e inversores la certidumbre y las seguridades que exigen para confiar en la economía española y en el pago de nuestras deudas. Ha sido una muestra clara de realismo político por parte de Zapatero y Rajoy, recibida con satisfacción por Merkel y Sarkozy, los auténticos promotores de la política europea de control del déficit. PSOE y PP, como representantes de la inmensa mayoría de los electores, están plenamente legitimados para proceder a esta reforma si la consideran imprescindible para salvar a la economía de un traumático rescate. No obstante, la urgencia que han querido imprimir a su iniciativa ha impedido que la primera gran reforma de la Constitución vigente sea sometida al amplio debate que su propia importancia requería. Supeditada al procedimiento de urgencia, pactada de madrugada a finales de agosto y desprovista de la posibilidad de un refrendo ciudadano, esta reforma constitucional no pasará a la historia precisamente por su grandeza. Su necesidad sigue siendo discutida en cuanto al logro del resultado que se persigue, pero su procedimiento deja mucho que desear. El tiempo dictará pronto su sentencia.