El decano de los jueces de Algeciras, Jerónimo García San Martín, ha presentado este jueves en el Centro Documental José Luis Cano la tercera edición de su libro Doctrina Penal Actualizada. El juez estuvo acompañado como ponentes por Antonio Del Moral García, magistrado de la sala 2ª del Tribunal Supremo; José Adolfo Baturone Jerez, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, y Gabriel González Fernández, fiscal delegado de Criminalidad Informática y adjunto autonómico en Andalucía del fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado. También estuvo en el acto el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. 

Doctrina Penal Actualizada, publicado por la editorial Tirant lo Blanch, compendia el resultado de un análisis exhaustivo e individualizado de las sentencias dictadas por la sala 2ª del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los últimos años, centrando su objeto en el tratamiento de aquellas previsiones normativas penales y procesales, principios, garantías y derechos fundamentales, cuya extensión se ha visto recientemente afectada por pronunciamientos de aquellos Tribunales.

Las referencias jurisprudenciales pretenden ser sintéticas, resumiendo de un modo cuasi telegráfico el núcleo doctrinal. El libro vocaciona ser un recurso útil para el jurista especializado en el orden penal, facilitando la pronta y eficiente identificación de las posiciones doctrinales vigentes, sentadas en torno a la norma, que, con claridad expositiva y sistemática, resultan ordenadas en tres grandes bloques dedicados a la parte general y especial del Código Penal, así como a cuestiones procesales.

Esta tercera edición, tras la generosa recepción de las precedentes, se ve notablemente ampliada, en consonancia con los resultados de la exitosa función nomofiláctica desarrollada por la sala 2ª del Tribunal Supremo, extendida ya a un considerable número de delitos menos graves, como consecuencia de la reforma del recurso de casación introducida por la Ley 41/2015.

La editorial destaca que su publicación coincide con un tiempo de profusa y convulsa hiperactividad legislativa, en claro contraste con las más elementales exigencias del principio de seguridad jurídica, con una norma penal en constante revisión, que impide la conformación de un cuerpo jurisprudencial consolidado y afecto a los fines a los que sirve.