La Bahía de Algeciras ha vuelto a registrar en los últimos días episodios generalizados de mal olor, acompañados en ocasiones de molestias como irritación de ojos y de garganta en personas especialmente sensibles, como ancianos y niños. No es la primera vez que el servicio de emergencias del 112 se colapsa con las llamadas telefónicas de quienes preguntan por el origen y las consecuencias de la pestilencia. En mayo de 2015 y tras unos hechos similares que ocasionaron una alarma social pareja a la actual, la Consejería de Medio Ambiente hizo pública una reunión mantenida con las empresas instaladas en el puerto, a las que se les pidió mayor celo en el control de sus emisiones, pero desde entonces y hasta el momento de redactar estas líneas poco más se sabe sobre las actuaciones llevadas a cabo, tanto por parte de la Administración andaluza como de las empresas.

Los datos de las estaciones de control del aire instaladas en la comarca (dos en Algeciras, dos en La Línea, cinco en Los Barrios y ocho en San Roque) y que la Junta publica a diario en su web indican que los valores de dióxidos de azufre, nitrógeno y carbono, así como los de ozono y las partículas en suspensión, estaban en niveles buenos o, al menos, admisibles, en los días en los que con más intensidad se dio el hedor, si bien existen algunas lagunas como la ausencia sistemática de datos de la estación de Puente Mayorga o de algunos de los elementos citados en otras. ¿Podemos darnos por tranquilos? ¿Podemos seguir conviviendo con este problema? Obviamente, no. Ante materias tan sensibles como el medio ambiente y la salud, la peor reacción es el silencio administrativo clamoroso al que asistimos.

Por muchas promesas que se hagan y a la vista de la experiencia, los ciudadanos tienen motivos para dudar de que los responsables públicos hacen todo lo posible por ofrecer una información veraz sobre la situación ambiental del entorno que nos rodea, una asignatura pendiente que también deben aprobar buena parte de las empresas del polo industrial, ajenas por completo, salvo honrosas excepciones, a las inquietudes de sus convecinos y carentes de una política de comunicación externa con los pies en el suelo y de acciones cercanas en materia de responsabilidad social corporativa.

¿Por qué no crear una comisión permanente entre las administraciones, las empresas, los ecologistas y los representantes vecinales para que cada cual exponga en ella sus inquietudes, sus puntos de vista y se den las respuestas necesarias? Si a alguien le parece una extravagancia puede preguntar cuántos años lleva funcionando una iniciativa similar en el entorno del polo químico de Tarragona y hacer a continuación una búsqueda en internet sobre el carácter de las noticias que se generan en torno a la actividad industrial en esa comarca. Comprobarán que la transparencia nunca es mala compañera.