"Al hombre público, muy especialmente al político, hay que exigirle que posea las virtudes públicas, todas las cuales se resumen en una: fidelidad a la propia máscara”. Así explicaba Juan de Mairena a sus alumnos de Retórica una de las principales cualidades, sino la más, que debe poseer el hombre público. No en vano, en la antigua Grecia, los actores podían asumir los papeles de varios personajes a lo largo de una misma función gracias a las máscaras y también, gracias a ellas, proyectaban y amplificaban su voz hacia el público.

Quienes se dedican a la política están obligados por naturaleza a modelar cada día su propia máscara, como elemento de protección para una labor en la que muchas mañanas, tardes y noches les sirven sapos para desayunar, almorzar y cenar. La condición a cumplir es saber despojarse de la máscara antes de irse a dormir para comprobar, cara al espejo, que se sigue siendo fiel a aquellos ideales perseguidos quizá en un tiempo, por remoto que sea.

“Procurad, sin embargo, los que vais para políticos”, añadía Mairena, “que vuestra máscara sea, en lo posible, obra vuestra; hacéosla vosotros mismos, para evitar que os la pongan -que os la impongan- vuestros enemigos o vuestros correligionarios; y no la hagáis rígida, tan imporosa e impermeable que os sofoque el rostro, porque, más tarde o más temprano, hay que dar la cara”.

El caso de la exconcejal de Algeciras Laura Ruiz ha sido, casi desde sus inicios, una gran mascarada, innecesaria a todas luces, ante la que el gobierno local de Algeciras no ha sabido actuar ni quitarse la careta. La condena judicial de la ex edil del PP a causa de un grotesco y lamentable episodio ocurrido en el ámbito privado debió quedar zanjado de forma inmediata tras su dimisión, en septiembre de 2021. Aquella fue a todas luces una decisión necesaria dado el carácter y gravedad de los delitos descritos en la sentencia: contra la intimidad, la integridad moral y coacciones. Con independencia de que la condena a 21 de meses de prisión no incluyese su inhabilitación, era de pura lógica que nadie con semejante expediente a sus espaldas pudiera seguir ejerciendo responsabilidades municipales.

Ese capítulo habría pasado de no ser por los comentarios que la ex concejal lanzó hace ahora un año contra sus antiguos correligionarios de partido. Sin ofrecer nombres, en octubre de 2022, se lamentó de haberse visto forzada a dimitir, estampando su firma en la carta de renuncia que le pusieron por delante, y aireó a los cuatro vientos su intención de poner "en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos" durante su andadura como miembro de la corporación municipal algecireña.

Que se tenga noticia, aquella amenaza velada quedó en nada. O quizá sí. El Ayuntamiento de Algeciras planea ahora el regreso de Ruiz a la vida municipal en calidad de personal de confianza del equipo de Gobierno, con el argumento de que el motivo de su condena no tuvo relación alguna con sus responsabilidades como delegada municipal de Educación, Medio Ambiente y Pesca. De partida, ese razonamiento es contradictorio con las razones expuestas para su dimisión, si bien lo más grave es la sombra del chantaje consumado que proyectaría su vuelta a la casa grande de todos los algecireños, aunque sea por la puerta trasera, cobrando un salario público.

Aún se está a tiempo de frenar un desaguisado que, de consumarse, no pondría punto final a la situación, sino que daría largas alas a la oposición municipal para atacar al equipo de José Ignacio Landaluce. Llegados a este extremo, más vale quitarse la máscara y ponerse públicamente una vez colorao que ciento amarillo.