En los últimos años, desde el gobierno se ha venido impulsando un importante crecimiento del salario mínimo interprofesional. El objetivo parece ser la convergencia con el objetivo marcado a los países que, como el nuestro, han ratificado la Carta Social Europea revisada. El máximo intérprete de ese tratado internacional, el Comité Europeo de Derechos Sociales, ha considerado que el derecho a una “remuneración equitativa” para sostener “un nivel de vida decoroso”, que proclama su artículo 4, exige que el salario mínimo alcance el 60 % del salario medio del país.

Sin embargo, a la vez que el SMI evolucionaba notablemente al alza en España, el IPREM, otro índice emparentado con aquel, ha ido quedando en el olvido, desfasado desde hace ya largos años. Aunque ese índice sea menos conocido popularmente, ello no significa que no repercuta en aspectos importantes de la vida cotidiana de muchas familias.

El origen del mismo data de hace ya dos décadas. Durante muchos años, el salario mínimo interprofesional no solo operó como límite inferior de la retribución de los asalariados. También se utilizaba como referencia para la concesión de buena parte de las ayudas públicas, definiendo el nivel de ingresos (un determinado número de veces el SMI, en función del número de miembros de la unidad familiar) que no debían superar sus beneficiarios. Del mismo modo, se utilizaba también para cuantificar algunos subsidios, cuyo importe se fijaba en un porcentaje del SMI.

Se advertía entonces de que este doble uso perjudicaba al crecimiento del salario mínimo: los gobiernos eran reacios a incrementarlo porque no afectaba únicamente a las empresas, sino que provocaba un aumento de diversas partidas del gasto público. Por ese motivo, en el año 2004, el ejecutivo decidió separar ambas funciones y creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a fin de que pudieran establecerse cuantías distintas para el salario mínimo de los trabajadores y para el índice que sirve de referencia para prestaciones públicas.

Desde entonces, mientras el SMI se ha ido incrementando notablemente, el IPREM sufrió una total congelación entre 2010 y 2016 y, tras modificarse levemente en 2017, de nuevo quedó estancado hasta el año 2020 inclusive, para actualizarse después cada año, pero en mucha menor proporción.

El primer IPREM de 460,50 euros equivalía hace veinte años al 93,88 % del salario mínimo vigente. Hoy, el IPREM de 600 euros representa solamente el 52,91 % del SMI actual.

Como anticipaba, no deberíamos pensar que es una cuestión menor o meramente técnica: repercute en los derechos sociales y en los medios de subsistencia de muchas personas. La falta de actualización del IPREM se proyecta en ámbitos tales como ayudas al alquiler, becas de estudio, bono social eléctrico, viviendas protegidas o pensiones no contributivas, entre otros.

Cuánta mayor divergencia exista entre el IPREM y el SMI, más familias van quedando excluidas de los umbrales de renta establecidos para ser beneficiario de ayudas públicas. Por poner un ejemplo, en 2003 una persona sola y sin hijos veía reconocida la asistencia jurídica gratuita, con abogado de oficio para su defensa, siempre que no cobrase más del doble del SMI de la época. Hoy, si esa persona percibe tan solo 67 euros más del salario mínimo obligatorio, ya no se le reconocerá ese derecho.

Y, por otro lado, cuánto más lejos esté el IPREM del SMI, mayor diferencia existirá entre lo que perciben los beneficiarios de subsidios asistenciales y el salario mínimo. Por ejemplo, en 2003, un parado que hubiera agotado las prestaciones contributivas y cumpliera ciertas condiciones (tener responsabilidades familiares, ser mayor de 52 años, etc.) percibía un subsidio del 75% del SMI. Hoy, ese subsidio por desempleo no alcanza siquiera el 40% del salario que el propio gobierno ha considerado adecuado para garantizar una vida digna.

Es verdad que el IPREM se estableció pensando precisamente en que su cuantía fuera diferente de la del SMI, pero ¿tanto? Desde los poderes públicos se viene exigiendo un esfuerzo a las empresas privadas porque los incrementos anuales del SMI “hacen de España un país mejor”. Por ello, no parece muy congruente que el Estado no haga un esfuerzo equivalente para actualizar un índice paralelo, que afecta al acceso de las familias a ayudas sociales y que determina la cuantía de relevantes prestaciones de nuestro sistema de protección social.