Esta semana se ha conocido la estimación del INE del crecimiento del PIB en el último trimestre y en el conjunto del año 2023, con unos resultados mejor de los previstos: aumento del 0,6% en el último trimestre y del 2,5% en el año. Estos datos duplican las estimaciones de crecimiento del PIB de la Unión Europea, lo que sumado a los resultados de los dos años anteriores con crecimientos del PIB también superiores a la media europea son esgrimidos por el Gobierno para legitimar su política económica. Sin embargo, buena parte del crecimiento reciente es consecuencia del rebote económico tras la fuerte contracción provocada por la pandemia de Covid y su gestión en 2020, cuando el PIB se contrajo intensamente (11,2% frente a 5,6% de la UE), por lo que España no recuperó el nivel de PIB pre-Covid hasta 2023 (2021 en la UE).

Además, para valorar la trascendencia del crecimiento del PIB en el pasado año es conveniente examinar sus componentes. Según la estimación del INE, el consumo de los hogares fue el componente más determinante del crecimiento, lo que se vio impulsado por el notable aumento del empleo, de las remuneraciones salariales y de los beneficios empresariales; también fue muy significativo el aumento del consumo público, mientras que la inversión se redujo, las exportaciones de bienes se contrajeron y las de servicios aumentaron gracias al turismo. La resultante en términos de productividad fue negativa. Aunque los factores que determinaron la dinámica de estos componentes son múltiples, entre ellos se encuentra una política económica con efectos estimulantes en la demanda agregada y, por tanto, en el crecimiento del PIB, lo que ha exigido un nivel de gasto público que mantiene muy elevada la deuda pública.

Por otra parte, recientemente se han publicado varios informes (FMI, OCDE, Banco Mundial, IVIE-BBVA Research, Centre for Economics and Business Research) que analizan el crecimiento de la economía española en las dos últimas décadas y sus perspectivas, y que merecen ser conocidos porque el futuro económico del país depende críticamente de factores más perceptibles en la dinámica de crecimiento económico a medio y largo plazo.

Desde el año 1995 la economía española experimentó un crecimiento diferencial, que se intensificó en los primeros años del siglo, le permitió converger con la UE en términos de PIB por habitante y situarse como octava potencia económica del mundo. Este crecimiento se vio favorecido por la creación de la Unión Monetaria Europea, lo que provocó una notable disminución de los tipos de interés y le ofreció a la economía española una protección que facilitó la cuantiosa entrada de inversión exterior atraída por la elevada rentabilidad del negocio inmobiliario. Sin embargo, el agotamiento del boom inmobiliario a mediados de la primera década del siglo, la crisis financiera internacional y la posterior crisis de la deuda provocaron una larga fase de divergencia con la Unión Europea, de forma tal que la renta per cápita española se mantiene a un nivel semejante a la de hace veinte años. Desde entonces la economía española ha disminuido su PIB per cápita respecto a la media europea y ha sido superada en PIB por media docena de países.

Todos los informes referidos sitúan al deterioro de la productividad total de los factores (diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa media de crecimiento de los factores utilizados para obtenerla) en el centro de las explicaciones: disminuyó un 7,3% entre 2000 y 2022, mientras que en EEUU aumentó un 15,5% y en Alemania un 11,8%. Tal deterioro de la productividad ha estado vinculado al “modelo productivo”. Una estructura productiva con especialización en turismo, construcción, agricultura y otros servicios de baja productividad, caracterizados por ser intensivo en empleo, con niveles de formación no muy elevados, limitada capitalización y escasa innovación.

Como el modelo productivo no se modifica en el corto plazo y las políticas dominantes en todos los niveles de gobierno no son especialmente incentivadores del cambio, las previsiones a largo plazo apuntan a un crecimiento limitado de la economía española. Según la OCDE, desde ahora hasta el año 2060, España pasaría del puesto 23 al 34 del mundo en términos de PIB por habitante en poder de compra, siendo superada por la República Checa, Letonia, Hungría, Eslovaquia, Portugal o Grecia. El problema no sólo sería la ausencia de crecimiento de la productividad, sino la restricción demográfica, ya que a partir de 2020 se prevé una reducción de la población en edad de trabajar (ya en 2023 más de la mitad de los nuevos ocupados han sido extranjeros).

A través del tamiz de este panorama deberían valorarse la pertinencia y efectos negativos de las medidas político económicas que adoptan los gobiernos.