De vez cuando veíamos subir a la tribuna del Congreso como miembro del grupo mixto a un veterano diputado de ERC que con voz algo cascada defendía los valores republicanos y de la izquierda, pero todos asumíamos que, más allá de esa figura un tanto folclórica, la representación de Cataluña en la Cámara Baja correspondía a CiU. Su portavoz era un tipo fino y correctísimo orador de antepasados aragoneses apellidado Durán i Lleida. Fuera del hemiciclo el paso lo marcaba Jordi Pujol, el nada molt honorable president que estuvo al frente del cargo 23 años. Uno y otro fueron la imagen del seny, ese sentido común tan práctico del que hacía gala la burguesía con barretina y que tan útiles servicios prestó y recibió de los gobiernos de Felipe y Aznar. Por CiU y por sus decisivos votos se inició la cesión de los impuestos a las autonomías, desaparecieron los gobernadores civiles y se aprobaban cada año los presupuestos estatales con un descarado desvío de inversiones públicas hacia el noreste hispano. Luego vino la constatación de la realidad, el gran fraude, el final del régimen pujolista y aquella alusión de Maragall "al problema del 3%", en referencia a las coimas cobradas desde la Generalitat. Nada de particular porque José Borrell, años antes, siendo ministro de Obras Públicas, había advertido en privado a los grandes empresarios contra el extendido vicio del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas en toda España.

Hubo luego gobiernos catalanes de distintos signo pero la semilla del discurso victimista del "España nos roba" acabó por imponerse dado que, al igual que con el Brexit, como con Trump, las mentiras no encontraron una respuesta adecuada. Hoy, el original se ha impuesto a la copia y tanto ERC como la más radical CUP ocupan el espacio de la extinta CiU, cuyo principal representante es un president que pasará a la historia como el títere de una tentativa golpista contra el Estado de Derecho. En la escandalosa operación perpetrada, los secesionistas no solo han desoído al secretario de la Mesa del Parlamento catalán, al letrado mayor y al Consejo de Garantías en los sucesivos llamamientos realizados por todos ellos para que se cumpla la normativa, sino que han violentado el reglamento de la Cámara catalana e, incluso, el Estatut y la Constitución.

Nos queda confiar en primer lugar en la unidad de las fuerzas democráticas para dar una respuesta con "firmeza, aplomo y dignidad", tal y como sentenció Rajoy el pasado jueves. Con la única fuerza de la ley. La solución, en cambio, tan solo puede surgir de la propia Cataluña. En las elecciones de 2015 convocadas a modo plebiscitario, el bloque de partidos proclives a la secesión solo obtuvo el 47,8% de los votos. ¿Cambiaría ese porcentaje en unas nuevas elecciones? Entre la ruptura salvaje y el inmovilismo debe y puede haber un camino intermedio.