Hay que ser muy forofo y tener unas tremendas tragaderas jurídicas para razonar en serio que la amnistía cabe en la Constitución. La inmensa mayoría de juristas sabe y proclama que eso no es así. Sólo unos pocos, allegados a la izquierda gobernante, dicen opinar que la amnistía es constitucional precisamente porque no está mencionada en el texto de la CE. La tesis manda huevos: ni la esclavitud –el ejemplo es del catedrático José Manuel Vera–, ni los muchos horrores que la civilización ha ido superando y que ya no necesitan normativizarse en las leyes. Tampoco tiene el más mínimo fundamento la idea de que los constituyentes decidieran remitir una medida de semejante alcance al legislador ordinario, mediante ley orgánica. El disparate es de Yolanda Díaz y se resume en que es un asunto tan importante que se rebaja de categoría. Olé mi Yoli. Añade que el supuesto es comparable a la amnistía fiscal de 2012, que no fue amnistía, sino “declaración tributaria especial” y que, al cabo, fue declarada inconstitucional. En fin, para qué seguir argumentando lo obvio.

Más allá del bodrio jurídico, la amnistía prevista es, sobre todo, una estafa electoral y un engaño en sus mismos fines. De este modo, se afirma que la amnistía va a suponer un reencuentro entre catalanes y que se adopta en interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles. Lo declaró el propio Sánchez y se quedó tan ancho. Sorprende que objetivos tan nucleares no figuraran en el programa electoral del PSOE, partido que sostuvo justamente lo contrario hasta las diez de la noche del pasado 23 de julio. Da vergüenza comprobar cómo presuntos políticos, que asumen graves responsabilidades, nos tratan como a niños y revisten de grandeza lo que no es sino un juego de míseros intereses personales, de simple y llana conservación del poder.

Nada va a cambiar en Cataluña con la amnistía, excepto para los beneficiados. Como nada cambió con los indultos. La sociedad catalana va a seguir viviendo su difícil y reprimida pluralidad y la tiranía de un nacionalismo cruel y cerril.

Lo más grave, señala la filóloga y política catalana Sonia Sierra, es que se van a cargar nuestra democracia con una medida que suprime literalmente el Poder Judicial y abre escenarios verdaderamente terroríficos. “Mi reino por un caballo”, suplicaba Ricardo III. Pedro Sánchez, con mejor fortuna, ha entregado el nuestro por unos añitos más de imponer sus caprichos.

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