SE vislumbran tiempos de pendencia relacionados con el futuro sistema de financiación de las autonomías y desde Cataluña piden nuevas estimaciones de balanzas fiscales, así que habrá balanzas fiscales. Es parte de los trabajos que quieren tener listos antes del inicio de la trifulca para servir de apoyo a su estrategia negociadora con el Gobierno, de tan fructíferos resultados de un tiempo a esta parte. Saben que difícilmente encontrarán coyuntura más favorable para alcanzar su objetivo de pacto fiscal con el Estado, previa negociación bilateral con el Gobierno y, por supuesto, antes de que se inicie la multilateral con el resto de las comunidades del régimen común. 

Desde el Ministerio de Hacienda dicen que ellos no tienen ningún interés en hacer el cálculo, pero que facilitarán todos los datos que sean necesarios para que quien esté interesado lo pueda hacer. Grupos de investigación en Cataluña dispondrán con toda seguridad de financiación suficiente para abordar de inmediato la estimación. También en el resto de España, pero unos y otros lo harán con metodologías diferentes, que ofrecen resultados también muy dispares, básicamente porque miden cosas distintas, aunque reciban el mismo nombre. En Cataluña apuestan por el llamado método de flujo monetario o de caja, que atribuye a cada territorio los impuestos que allí se recaudan, por ejemplo el IVA, con independencia de donde resida el consumidor que finalmente los paga. En cambio se niegan a computar como recibidos en Cataluña servicios públicos de los que todos nos beneficiamos, como el que prestan las embajadas en el extranjero, la defensa o la administración del Estado. Como cabe suponer, el saldo financiero que se deduzca de esta metodología estará en línea con la reivindicación soberanista, superando los 20.000 millones de euros, muy por encima de la alternativa, conocida como carga-beneficio.  

Pero si a todos conviene prepararse con tiempo para afrontar el reto que se viene encima, a Andalucía muy especialmente, no solo porque es una de las peor tratadas, junto a Valencia y Murcia con el sistema todavía vigente, sino también porque con motivo de las balanzas publicadas anteriormente resultó falsamente señalada por medios de comunicación y algunos políticos como privilegiada en sus relaciones financieras con el Estado. Con el paso del tiempo, y gracias a la tenacidad investigadora de Fedea y de Ángel de la Fuente sobre el tema, se ha podido desentrañar la realidad tras la maraña de números y datos y poner a cada uno en su sitio. Digamos también que las únicas balanzas fiscales publicadas están referidas a 2005 y al periodo 2011- 2014, pero los resultados son suficientemente ilustrativos de cómo una nueva publicación puede encajar en el clima político actual. 

Si Andalucía aparece señalada en la mayor parte de los medios de comunicación como la más beneficiadas de los flujos financieros con el Estado, es porque la diferencia entre los recursos que recibe y los que aporta en forma de impuestos y otras contribuciones es positivo y mayor que en ninguna otra Comunidad. En concreto, en 7.689 millones de euros en 2014 y en un 5,5% del PIB, según estimación de De la Fuente, como promedio en el conjunto de balanzas publicadas hasta ahora. Pero vayamos por partes para apreciar la distorsión que estas cifras hacen de la realidad.  

El saldo de ingresos fiscales de Andalucía con el Estado en 2014 fue positivo en 13.757 millones de euros, mientras que en Madrid fue negativo en 16.369 y en Cataluña en 10.044. El problema es que los impuestos que se recaudan en Andalucía son insuficientes para cubrir las necesidades de gasto público en la Comunidad y deben ser complementados con transferencias desde el Estado, mientras que en Madrid y Cataluña sobran. Esto ocurre porque en cualquier sistema fiscal, progresivo o proporcional, los que tienen más ingresos (rentas) transfieren una parte de ellos a los tienen menos, de manera que en los territorios (comunidad autónoma, municipio o barrio) el saldo de flujos fiscales tiende a ser favorables a aquellos territorios donde residen contribuyentes con rentas reducidas, frente a aquellos otros donde residen los de rentas más elevadas. Esto no solo no es una anormalidad, como denuncia el independentismo catalán, sino justamente lo que cabe esperar que ocurra.  

Vayamos ahora al lado del gasto público. En este caso, el saldo de Andalucía fue negativo en 6.068 millones de euros en 2014, el mayor de todas las comunidades. El saldo de la balanza fiscal andaluza (7.689 mill€ones) se obtiene restando el saldo de gasto del de ingresos (13.757 millones), aunque ello signifique mezclar dos cifras de naturaleza bien diferente, cuyo resultado es, por tanto, difícil de interpretar. Si se divide el saldo de gasto público por la población el resultado es un déficit per cápita en Andalucía de 702 euros, que es el tercero más elevado, tras Valencia y Murcia. Esto significa que estas tres comunidades son las que cuentan con un menor volumen de recursos por habitante para la financiación de los servicios públicos que se prestan en su territorio, en contraste con el superávit en País Vasco (3.134), Asturias (2.144) o Castilla y León (1.402) e incluso en Cataluña (20). 

La primera conclusión es que el saldo fiscal de Andalucía con el Estado se debe a que aquí se recaudan menos impuestos que en otras Comunidades, debido a que el ingreso medio de los residentes es también muy inferior y, por lo tanto, no debe sorprender a nadie. La segunda es que también dispone de menos recursos que el resto. Este resultado sí que debe llamar nuestra atención porque significa menor capacidad para la prestación de servicios públicos en cantidad y calidad, pese al menor nivel de renta y al mayor volumen de familias en situación vulnerable por desempleo, riesgo de pobreza, etc. La tercera y última conclusión es que, frente al sambenito de Comunidad más beneficiada en su relación financiera con el Estado, lo que indican las balanzas fiscales elaboradas hasta ahora es que el saldo es insuficiente para construir aquello de un país de ciudadanos libres e iguales. No lo digo con ánimo de reivindicación victimista, pero sí como argumento a tener en cuenta frente al relato hipócrita sobre privilegios fiscales en Andalucía, tan frecuentes cuando se aproxima la renovación de los acuerdos de financiación autonómica.