LA Comisión Europea ha amenazado esta semana con aplicarse a fondo para acabar con la sobreexplotación pesquera. Entre otras medidas, pretende implantar un sistema de penalización por puntos doble -similar al que existe en la Ley de Seguridad Vial- que implicará la pérdida de la licencia de pesca del barco y la del carné profesional del capitán de pesca del buque. No contempla, como uno quisiera, la voladura del barco a base de cañonazos. Pero todo llegará.

Lo más curioso de esta medida, que si se aplica posiblemente se la pasen por el forro de sus caprichos la mayoría de pescadores españoles y sabuesos de la Administración, es que proviene de un ejecutivo español de la CE. Hijo de pescadores, para más señas, con lo cual conoce bien el paño. Está claro que los tiene bien puestos.

Por si ustedes no lo saben, la caótica situación de las pesquerías en aguas de la Unión Europea ha provocado que las capturas hayan descendido un 30 por ciento en los últimos años. La capacidad real de la flota pesquera está muy por encima de esa cifra, que disminuye cada año. El 80 por ciento de los stocks pesqueros están sobreexplotados; el 30 por ciento de las capturas en España -la principal potencia pesquera de los Veintisiete- está fuera de control, y el 93 por ciento de las capturas de bacalao son juveniles. La situación en el Golfo de Cádiz es de tal magnitud que, puestos a comparar, una casa de putas sería convento de clarisas al lado de este desmadre. Por eso me descojono cuando oigo hablar de pesca al consejero del ramo o su delegado en Cádiz. En ambos casos no es que estén ciegos; es que no quieren ver.