Sin tiempo para metabolizar la aprobación por la Comisión de Justicia del Congreso de la futura ley de amnistía, el empresariado catalán actuaba esta semana como avanzadilla ante un asunto central que afecta de lleno a los andaluces: la financiación autonómica. Este lobby, conformado por una veintena de asociaciones, entre las que figuran 13 cámaras de comercio y los influyentes Círculo de Economía y Fomento del Trabajo, suscribía esta semana un manifiesto para reclamar una nueva financiación. Una demanda lógica, ya que el modelo actual data de 2009 y ha quedado superado. La clave, sin embargo, reside en que las tres propuestas que se formulan se resumen en una: acabar con el déficit fiscal, es decir, que la balanza, entre lo que el Estado recauda en impuestos en la comunidad y los ingresos que recibe, se equipare. Una maniobra para respaldar la demanda de los independentistas, de la que no se ha desentendido el PSC, que propugna un pacto similar al de cupo vasco, que consagra la Constitución. En la práctica supondría el desprecio a la solidaridad interterritorial, que debe presidir la cohesión social en un Estado, y el asalto por una puerta trasera a la Carta Magna. Es inasumible avalar una España con fronteras económicas, con autonomías prósperas que puedan desentenderse del resto. Del movimiento empresarial se extraen otras lecciones. La primera, la constatación de la debilidad de las estructuras civiles en Andalucía. Por su falta de notoriedad y peso real. Por su incapacidad de articularse para defender sus derechos. La infrafinanciación que sufre la región no es un problema que competa sólo al Gobierno autonómico de turno, ni a unos partidos nacionales que, en general, sólo enarbolan la bandera cuando el color del Ejecutivo central no coincide con el suyo. Hay un principio básico innegociable: el que dicta que un andaluz debe recibir las mismas prestaciones que un vasco, un catalán o un madrileño.