El narcotráfico se ha convertido en un problema alarmante en Andalucía y en algunas zonas amenaza con adquirir características similares a la Galicia de los ochenta y noventa. La proliferación de incidentes, alguno tan grave como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, tiene un denominador común: la quiebra del principio de autoridad que hace que los delincuentes se envalentonen y las Fuerzas de Seguridad se vean impotentes para cumplir su misión. Se demostró en Barbate , donde esta semana ha habido un altercado con insultos a la Guardia Civil, y luego en Almería, pero es una constante desde hace ya mucho tiempo, con episodios como el ocurrido en La Línea en 2018, cuando una banda de narcos asaltó un hospital para liberar a uno de los suyos que estaba ingresado bajo custodia policial. Hasta ahora brillan por su ausencia la puesta en marcha de medidas eficaces para combatir este fenómeno. Todo lo contrario, ha habido actuaciones en dirección contraria, como el desmantelamiento en 2022 de la unidad de élite de la Guardia Civil dedicada a combatir a las mafias. En medio de este panorama, llama mucho la atención el hecho de que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el director general del instituto armado, Leonardo Marcos, se hayan dedicado a echar balones fuera y negar falta de medios o de efectivos. Pero la realidad que se palpa sobre el terreno es muy diferente. Pequeñas zódiacs con un motor se enfrentan a poderosas planeadoras con varios fuerabordas y la falta de agentes hace que los delincuentes actúen con una sensación de máxima impunidad. Cualquier solución pasará por que los principales responsables tomen conciencia de la situación . Pero tan importante como eso es el restablecimiento del principio de autoridad.