Lo malo de la decisión de la Mesa del Congreso de autorizar las lenguas cooficiales por los parlamentarios en sus intervenciones no está tanto en las propias lenguas, al fin y al cabo españolas también, sino en el lenguaje empleado para sacar adelante la iniciativa, carente de la más mínima empatía. No es este un asunto nuevo (de hecho es bastante viejo) y existen argumentos a favor que pueden ser contrastados en un debate serio y sosegado con los muchos que también existen en contra, y si todos estos años se han venido imponiendo los últimos es básicamente porque los parlamentarios socialistas nunca lo consideraron, como ahora, una cuestión de supervivencia, y por eso, entre otras cosas, siempre votaron en contra.

Yo no creo, pese a lo que se dice por ahí, que estemos ante una cuestión de estado, y posiblemente en el transcurso de su desarrollo parlamentario la cosa marchará parecida a lo que viene ocurriendo desde hace años en el Senado, donde los senadores pueden expresarse si lo quieren en sus lenguas maternas, pero tampoco lo hacen demasiado. Es más, pienso que si a Feijóo los de Junts le hubieran hecho un poco de caso, posiblemente esta vieja aspiración del nacionalismo clásico hubiera estado entre las seguras concesiones, ¿pues no llegó Aznar a plantarse delante de Pujol para ofrecerle en bandeja toda la normalización lingüística de la que tanto desbarramos hoy cuando le interesaba el apoyo para su investidura en 1996? Aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Personalmente no estoy de acuerdo con la medida, más por una cuestión de eficiencia y de sentido común que por otra cosa, pero sobre todo discrepo del procedimiento empleado. El Congreso tiene sus técnicos cualificados con la función, entre otras, de ofrecer una opinión fundada en Derecho, y un reglamento con su procedimiento de reforma establecido, y ambos han sido obviados. La decisión ha sido tomada, además, de manera unilateral, sin ofrecer al grupo mayoritario de la cámara la posibilidad de consensuarla, y urgida por unos grupos que ni siquiera reúnen los requisitos legales exigidos para tener grupo parlamentario propio. Una vez más, se ha impuesto el lenguaje sectario y excluyente, desechando el enfoque más propicio de la unión en la diversidad abonando con ello el discurso de la lengua como elemento de diferenciación para disfrute de los independentistas.