Andalucía reclama con insistencia una cumbre de presidentes autonómicos que sirva para delimitar el alcance de los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez con los partidos separatistas y sus consecuencias para el resto de las comunidades. El presidente Juanma Moreno ha escrito esta semana una carta al jefe del Gobierno en la que le traslada su “preocupación e inquietud” por unos pactos de investidura que, según afirma, “afectan gravemente a la seguridad jurídica y a la igualdad entre los españoles”. No parece que esta petición sea una pretensión desmedida o esté provocada sólo por razones partidistas. No cabe duda de que los compromisos a los que ha llegado el presidente del Gobierno constituyen una ruptura de los equilibrios del Estado de las autonomías y que abre vías profundamente insolidarias con privilegios para las comunidades más ricas. En este contexto es lógico que el resto de las autonomías quieran saber el alcance real de las concesiones del Gobierno. Andalucía, por ejemplo, todavía no sabe los criterios para la condonación de una parte de la deuda autonómica. Sí consta cómo va a beneficiar la medida a Cataluña, que la verá rebajada en unos 15.000 millones de euros, pero se desconoce todo sobre la cuantía en el que la región podría verse beneficiada. Tampoco se sabe si el Gobierno va a permitir la pretensión de Junts de que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos en su territorio y empiece a tener un régimen fiscal similar al que tienen las comunidades forales del País Vasco y Navarra. Lo que está en juego afecta a la misma esencia del modelo autonómico y al principio constitucional de igualdad y solidaridad entre los españoles. Asuntos demasiados serios y que requieren, al menos, un debate urgente en la Conferencia de Presidentes.