El último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia constata que entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 murieron 8.771 andaluces que se encontraban en lista de espera para recibir las prestaciones por dependencia, un 21% del total de los casos de España. En la actualidad, hay más de 26.000 personas en la Comunidad que aguardan una resolución desde hace más de seis meses. En el último año, Andalucía redujo la cola en un 2,7%, pero el avance en la media nacional fue del 10,5%. Una vez más, las frías estadísticas constatan cómo el déficit en la gestión de la Junta penaliza a los andaluces en relación con la mayoría del resto de comunidades. Ahora transcurre una media de tres meses desde que se le traslada a la Junta la petición del recurso de acuerdo al grado de discapacidad aprobado y la respuesta del Gobierno andaluz. Y este peldaño es el último de una larga escalera burocrática de peticiones de cita, evaluaciones y largas esperas que se resumen en casi dos años. Y si la solicitud es para una plaza en una residencia, se abre otro capítulo que concierne a la complicada disponibilidad. La dependencia supone un calvario. Lo admiten responsables políticos de Servicios Sociales de ayuntamientos andaluces, encargados de tramitar parte del expediente junto a la Administración autonómica. El presidente Moreno defiende que su decreto de simplificación administrativa reducirá un año la espera. Un paso importante si el titular informativo se plasma en la realidad, pero insuficiente. Una demora de un solo día supone añadir angustia a más de 60.000 familias andaluzas, que necesitan una ayuda urgente para afrontar su escenario de vida. Distinto es el esfuerzo económico que se exige a varias administraciones por los contratos sociales. Ni los ayuntamientos disponen de recursos suficientes, ni los gobiernos regionales pueden asumir la sanidad, la educación y la dependencia con una pésima financiación.