El suelo empieza a temblar bajo los pies de Pedro Sánchez. Si el presidente pensaba que la aprobación de la ley de amnistía le dejaba libre el camino para cerrar los Presupuestos de este año y parchear la legislatura con nuevas concesiones a sus socios, la decisión de Esquerra Republicana de convocar elecciones anticipadas en Cataluña supone un terremoto que lo cambia todo. A partir de ahora, el precario equilibrio de pactos y componendas que sostenían al Gobierno se rompe. Sus principales socios, tanto en el País Vasco como en Cataluña, están sumidos en sus propias campañas y sostener a Sánchez ya no es para ellos una prioridad, sino más bien un problema. El vendaval político que se desarrollará en España entre abril y junio –con sucesivas elecciones vascas, catalanas y europeas– coincide además con un momento bajo para el Gobierno, sumido en un caso de presunta corrupción que cada día presenta más aristas y con la crispación disparada. Suceda lo que suceda en las consultas que están convocadas, el panorama va a cambiar de forma sustancial. Sánchez tendrá que rediseñar la arquitectura de sus pactos y no tiene garantizado, ni mucho menos, que pueda recomponer una legislatura que parece seriamente amenazada. Es resultado de haberlo fiado todo a pactos con fuerzas políticas que no tienen en la gobernación de España el más mínimo interés. La consecuencia primera y más trascendente de este marasmo político es que el Gobierno elude su obligación de elaborar unos Presupuestos que son, por definición, el instrumento clave para desarrollar su programa. Sánchez renuncia porque sabe que no podría sacar las cuentas adelante por muchas concesiones que estuviera dispuesto a hacer. El frágil andamiaje que, investidura por medio, ha permitido el arranque de la legislatura está quebrado por la decisión de Pere Aragonès. Ahora lo que se dilucida es el pulso entre PNV y Bildu y entre ERC y Junts. La estabilidad ha saltado por los aires.