La economía institucional estudia la forma en que las instituciones condicionan el comportamiento de los agentes económicos cuando se relacionan entre ellos. Las instituciones son, por tanto, bastante más que los organismos públicos o privados encargados de regular la convivencia. También, y sobre todo, el conjunto de normas y costumbres que ordenan las relaciones sociales. La más importante de todas son las leyes, pero las hay de muy diversa naturaleza, como puede ser el horario de los centros de ocio, que tanto preocupa a la vicepresidenta Díaz, que obviamente puede diferir de unos lugares a otros y según la estación del año.

El funcionamiento adecuado de las instituciones se traduce en progreso y bienestar ciudadano. Habría que definir progreso y bienestar, pero si nos conformamos con resumirlo como la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos, es decir, incluyendo la igualdad, entonces podemos afirmar que, desde el punto de vista de la economía, el tejido institucional funciona adecuadamente cuando provee a la sociedad de los incentivos necesarios para una asignación eficiente de los recursos. Esto quiere decir que será más próspera una sociedad que incentive el esfuerzo y el trabajo como método de progreso personal, que otra donde sean mayores las compensaciones derivadas del enchufismo y el corporativismo.

Viene todo esto a cuento de la peligrosa deriva por la que ha decidido el Gobierno encaminar el futuro de este país, a raíz de la ocupación de las instituciones. Pensemos en la afectación al derecho de propiedad a raíz de la nueva ley de la vivienda y su reflejo sobre el mercado del alquiler. La sobreprotección del arrendatario en detrimento de arrendador ha provocado el retraimiento de la oferta en el mercado del alquiler y su desviación hacia el de la vivienda turística. Entre sus consecuencias, además de acentuar la escasez y el encarecimiento, hay que citar el problema creciente de la infravivienda y de abusos de propiedad, además de tensiones de convivencia entre residentes y turistas en zonas afectadas de gentrificación turística.

Cuando las leyes se conciben en beneficio de un segmento interesado de votantes, pero ignoran los incentivos perversos que pueden provocar, es muy probable que terminen frenando el progreso y el bienestar. Este tipo de incentivos aparece cuando de la pertenencia a un grupo social, familia u organización se derivan ventajas o privilegios que no solamente generan desigualdad, sino también un ambiente proclive al arraigo de la corrupción.

Las sociedades han de regularizar el ejercicio del poder mediante la ley, para asegurar su aplicación impersonal a todos los ciudadanos, sin excepción para privilegiados, señala Fukuyama en Orden y decadencia de la política (Deusto, 2014). Las leyes que generan incentivos perversos sobre el comportamiento de los ciudadanos son, normalmente, el resultado del ejercicio abusivo del poder. Cuando están bien hechas, es decir, cuando las instituciones funcionan y son independientes, son el escudo normativo frente a los abusos que garantiza la eficiencia de la economía y la igualdad, que son las fuentes del progreso y el bienestar.