El Gobierno alemán pasó ayer a la ofensiva ante Turquía y declaró al país "inseguro" para sus ciudadanos y para los inversores, en una nueva escalada de las tensiones bilaterales precipitada por las "arbitrariedades" de un socio hasta ahora complejo, pero irrenunciable. La detención en Estambul de un grupo de activistas -entre ellos, un alemán- y la difusión de una lista de 68 empresas e individuos a los que Turquía atribuye "vínculos con el terrorismo" pusieron fin a la contención mantenida durante meses.

"Alemania no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni de los inversores en Turquía", advirtió el ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, quien presentó unas medidas calificadas por la canciller, Angela Merkel, de "necesarias" e "imprescindibles". "Nadie puede aconsejar invertir en un país cuando no hay seguridad jurídica", dijo Gabriel, para quien es "descabellado" atribuir vínculos terroristas a Amnistía Internacional o a empresas, en referencia a una lista en la que aparecían desde grupos como Daimler y BASF a puestos de comida rápida.

La consecuencia inmediata fue un endurecimiento de los consejos a los viajeros desde la web del Ministerio alemán de Exteriores, en la que se advierte de las diversas arbitrariedades que se pueden sufrir. Turquía, país de origen de unos 3,1 millones de ciudadanos residentes en Alemania, es aún el tercer destino vacacional preferido de los alemanes, pese a la caída de reservas derivada de la ola de atentados terroristas. La medida es un golpe para el sector turístico, como la advertencia a los inversores lo es para el conjunto del sector empresarial. Alemania tiene inversiones por más de 12.000 millones de euros en Turquía, donde hay 6.000 empresas germanas en activo, y los intercambios comerciales superan los 37.000 millones.