La subrogación de los estibadores garantizada por ley se mantiene como la principal discrepancia entre los sindicatos y el Gobierno para alcanzar un acuerdo que permita reformar el sector de la estiba. Los portuarios incluso se mostraron dispuestos a rebajarse los salarios hasta un 6% para tratar de acercar posturas, lo que ayer no fue finalmente posible.

La mesa negociadora formada por los representantes de los sindicatos y la patronal Anesco, a la que se sumó el Gobierno con altos cargos de los ministerios de Fomento y Empleo, retomó el trabajo tras el rechazo del Congreso al decreto ley con el que el Gobierno pretendía modificar el régimen legal del sector para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y evitar una multa de las instituciones comunitarias. Aunque la cita concluyó sin acuerdo, las partes se citaron para volver a negociar mañana jueves.

La subrogación por ley supone una dificultad insalvable. Va contra la legislación y la UE"

Los representantes del Gobierno se remitieron al acuerdo tripartito planteado la pasada semana como propuesta para iniciar la reunión. Los sindicatos respondieron con una contrapropuesta que, como principal estipulación, proponía en su primer punto la continuidad de los actuales trabajadores mediante una disposición con rango de ley, según la iniciativa a la que tuvo acceso este periódico.

Los representantes del Ejecutivo, tras más de cinco horas y media de reunión y un par de recesos, rechazaron dar rango normativo a la subrogación en este primer intento de los sindicatos en la negociación cara a cara con el Ejecutivo. La patronal no presentó propuestas.

El Gobierno mantuvo que no se puede imponer una subrogación por ley a las empresas "porque es contrario a la legislación y a la normativa europea", según indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, a la conclusión de la reunión. "La subrogación por ley constituye una dificultad insalvable", remarcó.

El número dos de Fomento reiteró la disposición de su departamento a trasladar a una norma o disposición el eventual acuerdo laboral que lograran patronal y sindicatos, concretando en un instrumento de ese tipo los distintos supuestos de subrogación y las ayudas a la prejubilación. Es decir, se remitió al acuerdo tripartito planteado la semana pasada como un anexo al decreto.

Los sindicatos insistieron en que la subrogación de los trabajadores debe ser recogida en un texto con rango de ley, no en documentos complementarios a un decreto por entender que en caso de discrepancia en su aplicación siempre prevalecerá la norma sobre los acuerdos. "Cualquier otra forma de garantía legal, aunque no sea el decreto ley, la podemos ver y estudiar", concedió Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector. "Pero es necesario que haya una norma que regule la garantía del empleo", insistió. "Es el asunto central", aseguró.

Para lograrlo, los sindicatos plantearon incluso una rebaja salarial media del 6% en un intento para contribuir a la consecución del acuerdo, siempre que se garantizaran los puestos de trabajo para el colectivo. Así lo aseguró Antolín Goya en declaraciones recogidas por Europa Press.

En la propuesta originalmente presentada por la parte social, la rebaja salarial era del 1%, vinculada a contribuir con esta disminución al plan de prejubilaciones. Los estibadores planteaban además flexibilizar el plan de bajas incentivadas propuesto por el Gobierno para que la jubilación anticipada no dependiera solo de la edad del trabajador, sino de la antigüedad acumulada.

Luego llegaron a plantear el 5% extra de rebaja sobre la masa salarial para hacer mover ficha al Gobierno, aunque sin éxito.

En cualquier caso, la subrogación reconocida con rango normativo sigue siendo la principal aspiración sindical. Los sindicatos basan su propuesta en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa.

Proponían que mediante una disposición con rango de ley las empresas titulares de licencias del servicio portuario de estiba sucesoras de las Sagep subrogasen directamente o mediante los Centros Portuarios de Empleo la relación laboral de los estibadores y del personal de estructura vinculados a las Sagep. "Dicho personal se seguirá rigiendo por los convenios colectivos sectoriales vigentes, respetándose la antigüedad y cualquier otro derecho que tengan consolidado en el momento de la cesión", rezaba la iniciativa sindical que, además, consideraba inadecuada la gestión de los centros portuarios bajo la regulación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Sobre las ayudas al sector, los sindicatos planteaban contribuir destinando el 2% de la masa salarial anual de la totalidad de los trabajadores "para contribuir a la mejora e incentivación de las bajas voluntarias", con un aporte a partes iguales (1%) por las empresas y trabajadores mediante aportaciones mensuales.

Otros puntos de la propuesta sindical giraban en torno a la mejora de la productividad en los puertos y una comisión de seguimiento. Coincidentes, al menos en espíritu, con el acuerdo tripartito del Gobierno.

La comisión se reunió bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, mientras que el Ejecutivo envió una delegación formada por el secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, Julio Gómez-Pomar y del secretario de Empleo, Javier Riesgo. Tanto la patronal como los sindicatos habían pedido en anteriores citas de la ronda negociadora que hubiera altos cargos con capacidad de influir e introducir cambios en el futuro texto de la reforma.

DEBATE EN EL SENADO

Mientras se producía la reunión en la sede del Consejo Económico y Social (CES), el ministro Íñigo de la Serna respondía en el Pleno del Senado a una interpelación de Unidos Podemos. Ferrán Martínez preguntó al ministro de Fomento si el Gobierno de España se comprometía a que cualquier iniciativa futura para regular la estiba cuente con el acuerdo de la representación de los trabajadores.

Martínez afeó al Ejecutivo que escogiera "provocar un conflicto que ha amenazado los puestos de trabajo de más de 6.000 personas y la estabilidad de los puertos" frente a lo que encontró el rechazo del Congreso, una constatación "del fracaso del Gobierno".

De la Serna replicó que el mensaje que han recibido de los ciudadanos tras el revés parlamentario va en el sentido de cumplir con la sentencia del tribunal europeo. "Los ciudadanos no están dispuestos a pagar 134.000 euros diarios por el hecho de que su visión de estado sea la del bloqueo", apuntó el ministro, quien dijo estar preocupado por el interés general.