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La indemnización de los estibadores por los puertos, pendiente de la UE

  • Fomento reconoce ahora en el decreto que la Comisión Europea tiene que autorizar el pago de los despidos con fondos públicos

Un trabajador de la estiba en el puerto de Algeciras.

Un trabajador de la estiba en el puerto de Algeciras. / erasmo fenoy

Uno de los aspectos más polémicos del real decreto ley de la estiba, el pago de las indemnizaciones de los estibadores que sean despedidos por parte de las autoridades portuarias, ha tenido que ser matizado en el texto que finalmente se ha llevado a aprobación en el Consejo de Ministros. El decreto mantiene que serán los puertos los que se harán cargo de esas indemnizaciones, pero en una disposición final matiza que esta medida "no entrará en vigor hasta la expresa declaración por la Comisión Europea de su compatibilidad con el régimen de ayudas del Estado".

El Gobierno hace frente así a las dudas que habían surgido sobre la legalidad de esta medida, que supone de facto abonar despidos de empresas privadas, las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep), con fondos públicos. Es lo único que cambia respecto al texto presentado inicialmente.

A partir de hoy habrá un año para modificar los convenios y tres para eliminar las sagep

Según recoge el decreto, el objetivo de esta medida es "igualar la posición competitiva entre los actuales titulares de licencias de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías con aquellos nuevos que accedan a la prestación". El Gobierno considera que las autoridades portuarias deben asumir los pasivos laborales generados antes de diciembre de 2014 (fecha de la sentencia que obliga a la reforma de la estiba) puesto que "su generación deriva de un sistema legal obligatorio". Por tanto, establece que esas autoridades portuarias pagarán las indemnizaciones a los estibadores que estuviesen trabajando en las sagep antes de diciembre de 2014. Algo que tendría un coste para las arcas estatales de cientos de millones de euros, aseguran fuentes del sector, en el caso de tener que pagar por los 6.150 estibadores en activo en la actualidad (un 30% de ellos en Algeciras).

Ahora ese aspecto concreto de la norma queda en el aire; tendrá que esperar la determinación que adopte la UE. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, defendía el pasado viernes esta medida como un estímulo para la contratación de los actuales estibadores, "porque no tienen que hacer frente a esos pasivos laborales y están en igualdad de condiciones con otras empresas". Algo que, dijo, era muy importante para las compañías. La patronal de la estiba, Anesco, reclamaba expresamente que se garantice la igualdad de condiciones entre los operadores actuales y los nuevos operadores que se instalen en el futuro ante los acuerdos que se puedan alcanzar.

En el otro lado, partidos de la oposición como el PSOE y el PNV han criticado esa medida. Y el Gobierno sigue buscando apoyos para poder convalidar el decreto en el Congreso de los Diputados, algo para lo que tiene un plazo de 30 días y ningún apoyo de partida; todos los grupos han mostrado su oposición a la postura del Ejecutivo.

A esa necesidad de respaldo se refería ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Éste insistió en la línea marcada el día anterior por el titular de Fomento: situar la pelota en el tejado de la oposición, a la que llamó a la "responsabilidad" para la aprobación de una norma que, recordó, permitirá a España eludir una multa diaria de 134.000 euros, además de una sanción acumulada de 21 millones.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Sanz recordó que la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el texto viene como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es de "obligado cumplimiento", por lo que "no es una iniciativa del Gobierno". Así, insistió, "si no se hubiera aprobado este decreto, sería la primera vez en la historia que España incumple una sentencia de los tribunales europeos". El Gobierno quiere traspasar la presión de la decisión a los grupos de la oposición, a los que llamó a hacer un análisis "de si este país puede asumir incumplir esa sentencia y hacer caso omiso a una decisión de los tribunales europeos", por lo que apuntó que no entendería "que no se convalidara este Real Decreto para el cumplimiento del mandato europeo".

En cuanto la negociación que le reclama la oposición, aseguró que "aún hay margen amplio para el diálogo" y esperó que entre la patronal y sindicatos, a través de los mecanismos del convenio colectivo, se llegue a un acuerdo que permita "avanzar" en los derechos y garantías de los trabajadores.

Pero lo que el PSOE reclama es que el Gobierno esté también en esa negociación. A ello hacía ayer referencia la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aseguraba al respecto que "cuando hay voluntad de diálogo es posible llegar a un acuerdo". "Hay que cumplir la ley, los trabajadores lo saben. Hay que cumplir la sentencia, pero al mismo tiempo hay que cumplir en el diálogo con la patronal y los trabajadores", apuntó, para apostillar que "para eso hay que querer hacerlo".

Además, remachó, la posición del PSOE "no ha cambiando". La presidenta contestaba así a las críticas formuladas por Podemos o IU respecto a un posible viraje en la postura socialista que permitiese convalidar el decreto.

Con la publicación ayer del texto en el Boletín Oficial del Estado comienza la cuenta atrás para el sector de la estiba. En 30 días habrá que convalidar el decreto ley en el Congreso, o cambiar su tramitación a proyecto de ley. En el plazo de un año deberán haberse adaptado los convenios colectivos de la estiba al nuevo modelo de contratación y en tres años deberán haber desaparecido las sagep, sustituidas por centros portuarios de empleo con la regulación de empresas de trabajo temporal. Aunque el plazo más corto es el que conduce a la huelga de los estibadores que puede paralizar los puertos y buena parte de la economía del país: está convocada a partir del 6 de marzo.

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