El Comité Económico y Social Europeo (CESE) propone la creación de un fondo reembolsable para los armadores que garantice el desguace sostenible de los buques al final de su vida útil. Actualmente, menos de un 8% de los barcos vendidos para chatarra en la Unión Europea (UE) se desmantelan de manera segura y respetuosa con el medio ambiente, según se recoge en un dictamen de esta entidad elaborado recientemente sobre el que la Comisión Europea debe pronunciarse y fijar una postura antes de que acabe el año.

Los expertos encargados del estudio El desguace naval y la sociedad del reciclado resaltan que los propietarios de la Unión Europea controlan alrededor del 40% de la flota mercante mundial, siendo además el mercado que más barcos envía para su achatarramiento. Aunque existe un reglamento para esta materia -que será plenamente aplicable el 31 de diciembre de 2018- resulta fácilmente eludible con sólo cambiar el pabellón por el de un tercer país antes de vender el navío para su destrucción.

De hecho, cada año se venden en el mundo aproximadamente un millar de buques oceánicos grandes (buques cisterna, de contenedores, carga o pasajeros) para ser desmantelados y el 70% acaban en playas de la India, Bangladesh o Pakistán donde son sometidos a peligrosas operaciones laborales y ambientales de desguace mediante varadas en la arena. El resto se van principalmente a China y Turquía, donde hay medidas más respetuosas y seguras.

Revertir esa situación para frenar la afección al medio ambiente es una de las principales metas que se ha marcado la UE, además de suponer un claro yacimiento para la generación de empleo y actividad económica en los astilleros de los países comunitarios, donde la construcción naval ha descendido notablemente en los últimos años.

La propuesta del dictamen se basa en la creación de una "licencia de reciclado de buques" a través de un fondo específico para cada barco, mantenido en forma de garantía por una institución financiera solvente que podría obtener capital para financiar el reciclado seguro y sostenible. "La cuantía de la licencia vendría determinada por una combinación de tonelaje, tipo de transporte, frecuencia de escalas en puertos de la Unión, el diseño basado en el principio de la cuna a la cuna y la presencia de materiales tóxicos a bordo. Los armadores crean el capital ya que, cada vez que uno de sus buques hace escala en un puerto de la UE, abonan al fondo la tasa correspondiente a dicho buque", plantean los técnicos.

Al final de la vida útil, este fondo podría reclamarse si el buque se reciclase efectivamente en un astillero aprobado por la Unión y utilizarse así para compensar la pérdida de ingresos derivada de un desmantelamiento adecuado.

La búsqueda de una solución eficaz a este fenómeno figura en la agenda de la UE desde 2007, cuando la Comisión Europea elaboró un Libro Verde sobre el tema. Y aunque estas acciones derivaron en el reglamento que entrará en vigor en 2019, el hecho de poder eludirlo con facilidad requiere, según los expertos del CESE, de una medida que incentive el desguace responsable. "Solo reconociendo la responsabilidad del propietario del buque mediante el principio de 'quien contamina, paga' e incorporando el coste del reciclado responsable a los gastos de explotación del buque se podrán eliminar las actuales prácticas perjudiciales. Tanto los operadores como los usuarios del transporte de carga, mercancías y pasajeros tienen un papel que desempeñar. En primer lugar, al reconocer que existe un problema grave y, en segundo lugar, al respaldar un mecanismo financiero progresivo y exigible como la licencia de reciclado de buques, que tiene posibilidades de extenderse a escala mundial bajo los auspicios de la OMI -Organización Marítima Internacional- y con una campaña de información cuyo ámbito rebase el territorio de la UE", apuntan los expertos encargados del dictamen.

Además, la creación de un sistema de este tipo "concuerda con la meta de la UE de convertirse en una sociedad del reciclado sostenible con una economía circular en la que los residuos se conviertan en materia prima".

El comité responsable de elaborar esta propuesta para su toma en consideración es un órgano consultivo de la Unión Europea compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés. Su labor se centra en emitir informes para analizar cuestiones de la UE para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, y actúa como puente entre las instituciones comunitarias con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos.