El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, llamó el pasado viernes la atención sobre el impacto "negativo y muy dañino" para la economía española de las movilizaciones convocadas en el sector de la estiba. Tras conminar a las partes a alcanzar un acuerdo, recordó que el Ministerio de Fomento dictará, como ya hiciera en las convocatorias de febrero y marzo, servicios mínimos.

En las dos huelgas precedentes, que no llegaron finalmente a ejercerse, las resoluciones buscaban evitar el desabastecimiento de los territorios insulares, así como Ceuta y Melilla, con la cobertura del 100% de ciertos tráficos portuarios. Para las ocho jornadas de movilizaciones convocadas a partir del miércoles no se prevén cambios de calado en estas medidas.

El Ministerio de Fomento fijó en febrero unos servicios mínimos que abarcaban la totalidad de la actividad en el caso de las operaciones portuarias que afectaban a las mercancías perecederas o peligrosas, a los suministros esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla, y del 50% para el resto. Aquella resolución no llegó a entrar en vigor porque la huelga quedó aplazada tras el anuncio de Fomento de retrasar una semana la tramitación del decreto.

Como norma general, se exigía un rendimiento no inferior al 50% del promedio del año natural anterior. Los sindicatos consideraban que la huelga de febrero no requería de servicios mínimos por plantearse en horas y días alternos y barajaron su impugnación sin que finalmente llegaran a producirse los paros en los muelles por el giro de los acontecimientos. En marzo sucedió lo mismo hasta que el decreto ley resultó tumbado por el Congreso de los Diputados y desconvocada la segunda oleada de huelga.

Fomento replicó entonces que los paros en días alternos y horas impares resultaban engañosos: la huelga "se dejará notar en los puertos ininterrumpidamente al menos desde el momento de su inicio hasta la finalización del último día de huelga convocado".

El Gobierno alertó entonces de que la huelga afectaba no solo a los trabajadores convocados, sino a los de las empresas que dependían de las mercancías. "Cualquier otro modo de transporte no es una alternativa, por cuanto es incapaz de absorber mínimamente las mercancías que transitan por los puertos españoles". Fomento encontró recién desatada la crisis en el sector el apoyo del Ministerio del Interior a la hora de garantizar el cumplimiento de las medidas. Su titular, Juan Ignacio Zoido, apuntó entonces la existencia de un plan para evitar el perjuicio a los suministros que incluía, según relató, medidas de circulación, seguridad, garantías y situaciones de emergencia.