El Gobierno sigue reclamando apoyos políticos para salvar la reforma de la estiba antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) imponga una nueva sanción contra España. El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, apeló ayer de nuevo a la responsabilidad de los grupos políticos para aprobar la reconversión del sector próximamente. No hay fecha por parte del Gobierno para tramitar un nuevo decreto ante el Consejo de Ministros, precisamente por la manifiesta falta de apoyos políticos y por encontrarse abierta una negociación entre la patronal y sindicatos, aunque actualmente en situación de bloqueo.

Méndez de Vigo señaló que el Gobierno sigue negociando con los grupos políticos porque "en cualquier momento" puede pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y convertir en firme la multa de 21,5 millones impuesta a España por no reconvertir esta actividad; algo que el tribunal reclama desde diciembre de 2014, cuando una sentencia declaró el sistema nacional de estiba contrario al derecho comunitario por vulnerar el principio fundacional de libertad de establecimiento de la Unión Europea.

El ministro portavoz lamentó que el decreto de reforma de la estiba aprobado por el Consejo de Ministros acabara tumbado en el Congreso de los Diputados por los grupos de la oposición, e hizo un llamamiento a la responsabilidad para poder sacarlo adelante próximamente.

Méndez de Vigo se pronunció de esta forma después de que el pasado jueves la negociación entre la patronal y sindicatos entrara en vía muerta tras plantear las empresas la necesidad de recortar el número de estibadores.

Esta propuesta choca con el compromiso de mantenimiento del empleo en el sector que el Gobierno dice defender desde que inició la reforma. Y más aún con la principal reivindicación de los estibadores, la de garantizar por ley la subrogación de los trabajadores del gremio.

El PP sólo logró el apoyo del Partido Nacionalista Vasco de cara a la convalidación parlamentaria y contaba de partida con los grupos de Unión por el Pueblo Navarro y Foro Asturias, cuyas candidaturas electorales están vinculadas al PP.

El PSOE condiciona el voto favorable a una reforma de la estiba a que exista un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, mientras que Ciudadanos, que se abstuvo, también reclama consenso además de implicación del Ejecutivo en la negociación. Unidos Podemos se ha mostrado contrario a la reforma por entender que abre la puerta a la precariedad laboral en el sector y que beneficia a las grandes corporaciones empresariales y fondos de inversión.

Sobre las sanciones, la Comisión Europea aclaró la semana pasada que no hay límite de tiempo para reformar el sector de la estiba. Distinto es la posibilidad de que el país sea sancionado.