El secretario general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario, Miguel Tornay, informó ayer de que su partido presentó un escrito en el registro del Ayuntamiento el pasado día 23 para solicitar una sesión extraordinaria del pleno y pedir a la Corporación que se persone en el caso Roseworld.

Tornay recordó que ya el pasado mes de diciembre, su grupo político pidió al equipo de gobierno que incluyera un punto en el orden del día de la sesión ordinaria del pleno de aquel mes para poder discutir la providencia emitida por el juzgado de instrucción número 1 en la que se informaba al Ayuntamiento de que podía personarse en la causa por los posibles daños ocasionados al Consistorio.

El equipo de gobierno no respondió a la petición socialista, por lo que en el último pleno ordinario, el concejal Manuel Barros preguntó sobre este asunto, a lo que el secretario accidental de la sesión, Ricardo Fernández de Vera, respondió que los intereses del Ayuntamiento "estaban garantizados por la actuación de la Fiscalía". Sin embargo esta respuesta no ha satisfecho a los socialistas que tienen claro que el Ayuntamiento debe personarse en esta causa judicial

Miguel Tornay explicó que al tener el quorum suficiente para solicitar una sesión plenaria, el 25 por ciento, el equipo de gobierno está obligado a convocar la sesión en un plazo máximo de 20 días hábiles, es decir, debería tener lugar el 14 de febrero. Si el alcalde-presidente, Juan Carlos Juárez, decide no hacer caso de la petición de los socialistas, el secretario general deberá convocar al pleno de la Corporación en un plazo de diez días hábiles máximo, en este caso sería el día 26 de febrero.

El PSOE ha presentado dos propuestas de acuerdo. La primera para proponer al Ayuntamiento que se persone en el caso Roseworld para "salvaguarda y defensa de los bienes y derechos municipales", ya que el Consistorio "pudiere resultar abiertamente perjudicada en sus bienes, derechos e intereses".

La segunda propuesta es que se declare la "improcedencia de pago, reserva o consignación de partida en los Presupuestos Generales de esta entidad local destinada al abono de honorarios de letrados y procuradores contratados por los imputados para su defensa en dichas diligencias penales, en tanto la conducta de éstos pudiere ser lesiva a los intereses del Ayuntamiento y contraria al estatuto de miembros de la Corporación local".

El portavoz del PSOE apuntó que el partido tiene sospechas "fundadas", de hecho ya existe algún decreto, de que los caudales públicos podrían ser usados para abonar costes de la defensa del alcalde, Juan Carlos Juárez, y de los miembros del equipo de gobierno que están imputados en ésta y en otras causas judiciales.