El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha querido mostrar su solidaridad con la familia afectada por la demolición de su vivienda en la zona de la Ribera de la Oliva. Asegura, que ningún alcalde, “estoy convencido de ello, quiere que se le derribe su casa a ningún vecino”. Ante las acusaciones que se vertieron sobre su persona y sobre el Ayuntamiento de Barbate, ha querido aclarar que las competencias en disciplina urbanística y expedientes de demolición recaen en la Junta de Andalucía, sobre todo cuando se trata de zonas cercanas a lugares de especial protección o costeras.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía manifestó que el derribo de una vivienda construida ilegalmente en suelo rústico dentro de la zona de influencia de las marismas de Barbate, en el paraje Ribera de la Oliva, responde a “criterios urgentes de seguridad, salubridad y medio ambiental, dada la existencia de fosas sépticas en gran parte de estas edificaciones ilegales”; y a la proximidad a las marismas, al estar "a escasos 500 metros" de la ribera del mar; destacando que “todos los vertidos originados en estas edificaciones ilegales tendrían como destino los dominios públicos hidráulico y marítimo y el espacio protegido”.

Miguel Molina ha manifestado que “La gente debe saber que no se puede construir viviendas en suelos no urbanizables porque se arriesga a que ocurran circunstancias como la que se está viviendo donde finalmente llega una sentencia judicial de derribo. Está ocurriendo en El Palmar de Vejer, en el diseminado de Conil y en otras muchas zonas de Andalucía”, expuso.

Así las cosas, respondió que “Poco podemos hacer desde las administraciones locales y lo que hemos hecho es lo que vamos a seguir haciendo, es decir, empadronar a todos los vecinos que podamos siempre bajo el amparo de la Ley, tal y como nos refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), añadiendo que “aún así, a pesar del empadronamiento y demás, el Ayuntamiento no puede ir contra la sentencia de un juez. Si un juez señala que hay que derribar no podemos oponernos, ni el equipo de Gobierno, ni la oposición, ni ninguna otra administración.  Son cuestiones fuera de la cuestión administrativa y que entran en el ámbito judicial, con lo que ni un alcalde, ni un concejal, puede oponerse a la sentencia de un juez porque sería incurrir en un delito y está claro que no podemos estar al margen de la ley. Todos sabemos o deberíamos saber que no se puede actuar contra una sentencia judicial”.