Hay que cerrar la Verja! Las soluciones simples y populistas a problemas muy complejos no suelen encajar con la realidad y acaban empeorando una situación problemática, creando más complicaciones. La controversia histórica de Gibraltar es, desde de luego, una cuestión de Estado, pero también directa o indirectamente un problema cotidiano para decenas de miles de personas -españoles y ciudadanos de la UE, principalmente- y, desde esta doble óptica, debe enfocarse cualquier planteamiento.

El Brexit trae un nuevo tablero de juego internacional y europeo con nuevas reglas, pero también ofrece un momento histórico para que España redefina su relación con Gibraltar, dando oportunidad a vías nuevas de futuro para resolver el problema, que abarca tanto la convivencia transfronteriza, como las cuestiones de soberanía subyacentes a la controversia con el Reino Unido.

Toda estrategia coherente exige cambiar el tradicional relato imperante sobre la RocaHay que explorar iniciativas imaginativas como la de una "soberanía simbólica"

En situación de bloqueo negociador tras la crisis del arrecife artificial de 2013, el inesperado Brexit arrastra a Gibraltar a redefinir su estatuto jurídico europeo, que convive con el Tratado de Utrecht y la doctrina ONU de descolonización. La incertidumbre sobre el futuro ya está teniendo efectos negativos en el Campo de Gibraltar y en Gibraltar, cuya población tomó en el referendo un claro posicionamiento favorable a la UE. Al mismo tiempo, la posible revitalización del Tratado de Utrecht de 1713 ha resucitado los fantasmas de la interrupción del paso fronterizo por la Verja.

Pero esta forzosa renegociación del estatus de Gibraltar en la UE debe contar con el acuerdo de España, que puede hacer valer la unanimidad en el procedimiento negociador de la salida británica regulado en el Art. 50 del Tratado de la UE. Así, cualquier modelo futuro de relación Gibraltar-UE (del tipo de un micro-Estado) es inviable sin España, ya que Gibraltar no forma parte del Estado británico; y su único estatuto de Derecho Internacional es el de un territorio por descolonizar, en un proceso supervisado por Naciones Unidas.

Los gobiernos de M. Rajoy adoptaron en 2016 y 2017 dos decisiones de envergadura respecto a esta problemática: por una parte, la necesidad de negociar el estatuto de Gibraltar fuera de los procedimientos del Art. 50 TUE, lo que ha llevado a la exclusión de Gibraltar en las Orientaciones de Negociación adoptadas por el Consejo Europeo el 29 de abril de 2017. Esto implica la necesidad de un previo acuerdo España-Reino Unido.

Por otra parte, el Gobierno español decidió hacer una propuesta de cosoberanía. Aunque la propuesta tiene el formato y contenidos de otras anteriormente presentadas o negociadas, esta iniciativa del exministro García-Margallo es un acto de Estado con perfiles muy problemáticos que hacen que sea, en las actuales circunstancias, un modelo no viable: adoptado por un Gobierno en funciones sin previo consenso en Cortes (aunque conlleva incluso la creación de una nueva Comunidad Autónoma) y, desde el inicio, con la oposición de Reino Unido y Gibraltar. Y aquí hay que destacar que, como consta en la Decisión ONU sobre Gibraltar de 2016, Reino Unido garantiza una doble llave a Gibraltar: no sólo el resultado de una negociación sobre soberanía debe contar con el acuerdo de Gibraltar, sino que el mismo inicio de la negociación entre los dos Estados debe previamente tener la aprobación de los gibraltareños. Pero quizás el mayor problema de la propuesta de cosoberanía es que vincula la cooperación transfronteriza con la resolución del conflicto de soberanía, lo que lleva uno y otro a un callejón sin salida, al haber tanto Reino Unido como Gibraltar rechazado la propuesta española. En fin, no debe pasar desapercibido que la fórmula de cosoberanía ha suscitado interés por parte del PNV, como en su día la negociación de cosoberanía Aznar-Blair también interesó al presidente de la Generalitat catalana.

¿Entonces? En mi opinión la cuestión de Gibraltar podría abordarse con una doble iniciativa en la actual situación histórica. En primer lugar debería acordarse un Modus vivendi provisional para la coexistencia transfronteriza, regulando mediante este tipo de Acuerdo Internacional los aspectos que más urgentemente necesitan de normalización diaria, especialmente el cruce fronterizo por la Verja/Frontera de personas y mercancías. Pero también hay otros temas necesitados de urgente cooperación: el contrabando, la transparencia fiscal y la colaboración económico-financiera, los de medioambiente, navegación y jurisdicción sobre las aguas de la Bahía, o el uso del aeropuerto. Incluso hay cuestiones de seguridad para todo el arco de la Bahía que plantean los submarinos nucleares y las bases naval, aérea y de inteligencia del Peñón y que deberían coordinarse de algún modo.

En segundo lugar, y al mismo tiempo, acordar entre los dos Estados el inicio de una reflexión para buscar un nuevo modelo internacional y europeo para Gibraltar, tratando de poner fin a la controversia hispano-británica. Este momento histórico podría llevar a explorar iniciativas nuevas e imaginativas como la de una "soberanía simbólica" a través del Principado de Gibraltar como una Ciudad de las Coronas Británica y Española, vinculada a la UE, fórmula que a mi juicio puede ofrecer suficientes garantías constitucionales y márgenes de Derecho Internacional para su consideración.

Independientemente de las opciones estratégicas que se tomen ahora y en el futuro respecto a Gibraltar, creo que hay que tener en mente dos principios esenciales de actuación: Uno, Gibraltar es un tema capital y fuertemente simbólico de la acción exterior de España, pero su recuperación para la soberanía española es una compleja decisión política que no es estrictamente de política exterior. En este sentido, cualquier propuesta puede tener importantes consecuencias internas y externas, tanto por su proyección interna en reivindicaciones nacionalistas, como sobre la reclamación permanente marroquí de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Dos: cualquier iniciativa española hacia Gibraltar debe contar previamente con un sólido consenso en Cortes, lo que ha sido vigorosamente exigido por el Congreso al aprobar, el 2 de Noviembre de 2016, una Proposición no de Ley que reclama del consenso en sede parlamentaria para alcanzar una estrategia de Estado sobre Gibraltar, el refuerzo del diálogo con las autoridades gibraltareñas y la defensa del interés de los trabajadores transfronterizos y del Campo de Gibraltar. En este sentido, hay que destacar que los intereses de España cada vez más deben identificarse con los de los españoles que viven y sufren cotidianamente una controversia histórica incrustada en la Bahía de Algeciras. Las 300.000 personas que aquí habitan necesitan un Modus Vivendi con Gibraltar, que acepte y normalice esta convivencia transfronteriza mientras tanto se llega, algún día, a los definitivos acuerdos de Estado sobre la soberanía.

Finalmente, destacar que toda estrategia coherente exige probablemente cambiar el discurso y el tradicional relato imperante sobre Gibraltar, aceptando el hecho de su existencia y la necesidad de normalizar la convivencia fronteriza y vecinal con España. De todas formas, el momento actual no es favorable para iniciativas de envergadura que resuelvan los complejos temas vinculados a la controversia histórica, incluidos los de convivencia con el entorno. El periodo de política de confrontación con Gibraltar (particularmente los crispados años 2013-2015) supuso también la anulación de los acuerdos de convivencia transfronteriza del Foro de Diálogo de 2006 y la misma supresión del Foro. La desconfianza histórica hacia España se añade a la muy delicada situación de Gibraltar y Reino Unido cuando comienzan las negociaciones del Brexit.