El Gobierno británico aceptó ayer la propuesta de la oposición laborista para publicar una hoja de ruta sobre el Brexit antes de iniciar las negociaciones con Bruselas. No obstante, evitó comprometerse en la Cámara de los Comunes acerca del nivel de detalle al que descenderá ese plan.

El ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), David Davis, advirtió de que revelar demasiada información en el Parlamento socavaría la posición negociadora de Londres ante la Unión Europea (UE).

Downing Street, despacho oficial de la primera ministra, Theresa May, adelantó que respalda la moción laborista que obligará al Gobierno a divulgar sus planes. En contrapartida, ha añadido una enmienda a esa propuesta por la que el primer partido de la oposición se compromete a aceptar el calendario fijado por el Ejecutivo para iniciar el Brexit de forma oficial antes de abril.

Tanto el Partido Conservador como el Laborista celebraron ayer el consenso como un éxito, aunque algunos parlamentarios de ambas formaciones mostraron su malestar. Algunos conservadores partidarios de que el Reino Unido continúe en el mercado único europeo creen que el Parlamento debe mantener un escrutinio más estrecho sobre las negociaciones, mientras que ciertos laboristas piensan que la oposición está perdiendo una oportunidad para ejercer mayor presión sobre el Gobierno británico.

Al adherirse a la moción de la oposición, May pretende desactivar una potencial rebelión en sus filas, ante la amenaza de que algunos diputados conservadores rompieran la disciplina de partido y se sumaran a los laboristas para pedir mayor transparencia en las futuras negociaciones con Bruselas.

El portavoz para el Brexit del partido opositor, Keir Starmer, calificó la decisión del Ejecutivo, que hasta ahora se había negado a publicar un documento con sus planes, como una "rectificación altamente significativa".

Aún así, Starmer afirmó que su intención no es retrasar ni poner dificultades al plan previsto por May, que espera invocar antes de abril el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la formalidad que dará inicio a un periodo de dos años en los que Londres y Bruselas deberán acordar los términos de la separación.

"Que nadie se lleve a engaños, pedir que se exponga un plan con los objetivos (del Gobierno) no es tratar de minar la posición del Reino Unido en las negociaciones, ni intentar que se produzcan comentarios en directo sobre el diálogo con Bruselas", dijo el laborista. "Es, sencillamente, pedir claridad, escrutinio y responsabilidad" al Ejecutivo, remarcó el portavoz de la oposición.

La moción a debate en el Parlamento es una cuestión independiente del juicio en el Tribunal Supremo que dirime estos días si el Gobierno debe pedir permiso al Parlamento para activar el artículo 50.

Starmer alertó de que si los jueces exigen una nueva votación en la Cámara de los Comunes, y la hoja de ruta publicada por el Gobierno no satisface a los laboristas, volverán a exigir mayor claridad antes de dar su consentimiento para iniciar el proceso de la salida de Europa.

El conservador Davis insistió por su parte en que la mayoría de los detalles sobre la futura negociación deben permanecer secretos. "El motivo es que necesitamos conservar el espacio para poder maniobrar, negociar sobre distintos intereses y maximizar el valor de nuestras concesiones sin tener que advertir por adelantado al otro bando", dijo el ministro para el Brexit.

Davis reiteró además que los Comunes tendrán la opción de pronunciarse una vez se haya alcanzado un acuerdo definitivo entre Londres y Bruselas: "Si el Parlamento de la Unión Europea tiene garantizado su voto, sería inconcebible que esta Cámara no lo tuviera, tan simple como eso", zanjó el conservador.

Acerca de posibilidad de celebrar un segundo referéndum sobre la salida de Europa, como propuso el Partido Liberaldemócrata, el ministro afirmó que ese escenario sería "destructivo" para los intereses el Reino Unido.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) se mostró en desacuerdo con la moción laborista, dado que no exige al Gobierno dar explicaciones sobre el impacto que tendrá la salida de la Unión Europea sobre la región británica, en la que la mayoría de ciudadanos votaron en contra que el Reino Unido dejase de ser europeo.