Gibraltar

Londres afirma ahora que la libre circulación acabará en marzo de 2019

  • Miembros del Gobierno de May descartan la prórroga anunciada la semana pasada

  • La decisión afecta directamente a la Verja

A partir de marzo de 2019, los trabajadores de la UE que se trasladen a territorio británico -como es el caso de los españoles que cruzan la Verja para trabajar en Gibraltar- tendrán que registrarse, al menos hasta que se establezca una política de inmigración post-Brexit permanente. Y es que después de que la semana pasada varios ministros acordaran que tras la salida de la Unión Europea, prevista para la primavera de 2019, se establecerá un periodo de transición que permitirá la libre circulación de ciudadanos comunitarios entre dos y cinco años más, ayer el secretario de Estado de Inmigración, Brandon Lewis, dijo exactamente lo contrario: "Quiero ser muy claro, el libre movimiento de trabajadores se acabará cuando dejemos la Unión Europea durante la primavera de 2019".

Ayer también, la ministra del Interior, Amber Rudd, anunció que, más de un año después de la victoria del Brexit en el referéndum, se ha encargado un informe para conocer al detalle los beneficios y perjuicios para el Reino Unido de los inmigrantes comunitarios. El control de la inmigración que llega de la Unión Europea se encuentra en el origen mismo del Brexit y fue uno de los argumentos principales de los partidarios de la salida.

Sin embargo, ahora el propio Gobierno de Theresa May admite que en realidad no sabe cuál la aportación de los comunitarios, lo que cuestan a las arcas públicas británicas ni cuál puede ser la incidencia del 'cierre' de las fronteras. El secretario de Estado de Inmigración, que ahora anuncia el fin de la llegada de comunitarios en marzo de 2019, hizo en su día campaña a favor de la UE en el referéndum. Ahora asegura que es posible cumplir la promesa electoral del Partido Conservador de reducir la llegada neta de inmigrantes desde los 248.000 actuales a solo cien mil, aunque no explica cómo.

La patronal británica, la CBI (Confederation of British Industry´s), ha pedido una y otra vez al Gobierno que no restrinja drásticamente la llegada de comunitarios, pues son vitales para sostener sectores como la agricultura, hostelería y sanidad. Los empresarios creen que un corte brusco en el año 2019 situaría a los negocios "al borde de un precipicio". El ministro del Interior, Amber Rudd ha tratado de tranquilizar a los empresarios dicieéndoles que no habrá un "borde de acantilado" en términos de emplear a los trabajadores extranjeros después de Brexit. La CBI dijo que las empresas "urgentemente" necesitaban saber cómo sería la migración de la UE, tanto en cualquier período de "transición" después de marzo de 2019 como más allá.

El Reino Unido debe salir de la UE a finales de marzo de 2019, pero se ha hablado cada vez más de una etapa de "transición" (o "implementación") de alrededor de dos años para facilitar el proceso. Brandon Lewis dijo que los detalles de cómo el Gobierno manejaría la inmigración después de Brexit serían revelados en un libro blanco a finales de este año y que el proyecto de ley de inmigración pasaría por el Parlamento en 2018. Lewis recalcó que era "una simple cuestión de hecho" que las reglas de libre circulación de la UE no serían aplicables después de 2019.

Más detalles sobre lo que ocurriría fueron más tarde proporcionados por Rudd, que habló durante una visita a Troon, South Ayrshire, diciendo que la "fase de implementación" involucraría a nuevos trabajadores de la UE a registrarse sus detalles cuando llegaran al Reino Unido. También dijo que el gobierno había prometido una "amplia" consulta para escuchar las opiniones de las empresas, los sindicatos y las universidades.

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