Los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara reclamarán un régimen transitorio entre Bruselas y el Reino Unido sobre libertad de movimiento, lo que puede servir de aval para la petición de Gibraltar de que se mantenga una Verja abierta y fluida después de la salida de la UE.

En el área de Justicia e Interior, Reino Unido ha quedado históricamente y por voluntad propia fuera de la mayoría de acuerdos, aunque por el mismo hecho de ser miembro de la UE debía acatar diversas normas de las que ahora hay dudas sobre el futuro.

Los eurodiputados de todas las Comisiones parlamentarias, cada una en su materia, darán sus recomendaciones, presumiblemente en abril, sobre el proceso de salida de Reino Unido de la UE y, por tanto, de su legislación y acuerdos.

La Comisión de Libertades Civiles reclamará en primer lugar que el acuerdo de salida incluya medidas de transición que aclaren el estatuto de los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido y viceversa "para evitar incertidumbres legales". La libertad de movimiento será "clave" en las negociaciones del Brexit y reclamarán que se llegue a una solución de largo plazo que no discrimine ni a los británicos que residen en la UE ni a los comunitarios que lo hacen en el Reino Unido.

El Reino Unido no forma parte de Schengen pero sí tiene un acuerdo especial que continuará en vigor en la frontera entre ese país e Irlanda, que ahora pasará a tener la categoría de "frontera exterior" de la UE, como sucede en Gibraltar.

Por otro lado, los eurodiputados recomendarán negociar un "régimen de transición" para las solicitudes de asilo pendientes en el caso que se hayan llevado a cabo en primer lugar en Londres y después en otro país de la UE, pues según la legislación europea le correspondería gestionarlas al Reino Unido como primer país de entrada. Medidas extraordinarias temporales también harán falta, apuntan desde la Eurocámara, con respecto a las euroórdenes pendientes del Reino Unido a otros países y viceversa. Respecto a las agencias europeas de cooperación policial y de asilo, Londres seguirá intercambiando datos con Europol, pero deberá salir de su consejo de administración.

Por lo que se refiere a la legislación de protección de datos, si Londres quiere seguir participando en el intercambio con fines de lucha contra la criminalidad, deberá asumir que se les aplicará la legislación europea. Asimismo, apuntan, deberá negociarse su participación al mantenimiento financiero de los mismos.

Respecto a la Justicia, Londres quedará fuera de los tratados y de la carta de derechos fundamentales de la UE, que dejará de aplicarse en su territorio.