La Fiscalía pedirá activar la euroorden si Puigdemont viaja este lunes a Dinamarca

  • En caso de que el juez acceda a la solicitud, el ex president podría ser detenido

  • El político huido prevé participar en un debate sobre la situación en Cataluña en la Universidad de Copenhague

Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, en Bruselas. Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, en Bruselas.

Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, en Bruselas. / archivo

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La Fiscalía pedirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado procés, que reactive la orden europea de detención contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont si viaja este lunes a Copenhague (Dinamarca) para participar en un debate en la Universidad de la capital danesa.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado destaca que está a la espera de "confirmación oficial vía policial" de si el expresidente catalán huido en Bruselas (Bélgica) se traslada hasta Dinamarca para asistir al debate organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague sobre la situación política de Cataluña.

El abogado reconoce que si esa euroorden se produce el riesgo de detención es muy alto

La Universidad anuncia en su página web que el debate tendrá lugar el lunes, a las 14.00 horas, y tanto desde JuntsxCat como fuentes de la organización consultadas por Europa Press han indicado que Puigdemont intervendrá "presencialmente".

"De producirse esta confirmación, es intención de la Fiscalía actuar inmediatamente solicitando al magistrado instructor del Tribunal Supremo que proceda a la activación de la euroorden de detención y entrega para solicitar a la autoridad judicial danesa la detención del investigado", dice el comunicado.

Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado del Puigdemont, admitió ayer que si su representado viaja de Bruselas a Dinamarca y "el estado español tiene la euroorden preparadísima (...) el riesgo de detención es bastante alto".

Puidgemont y cuatro exconsejeros de su Govern se encuentran en Bruselas para evitar comparecer ante la justicia española. La juez de la Audiencia Nacional les citó el pasado 2 de noviembre como investigados por el proceso independentista.

Debido a que no se presentaron en la Audiencia Nacional, la magistrada emitió sendas órdenes de detención europeas e internacionales contra Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

Una vez que la causa contra el procés abierta en la Audiencia Nacional se acumuló a la que estaba instruyendo al mismo tiempo el Tribunal Supremo por los mismos hechos, el juez Llarena decidió retirar las órdenes de búsqueda y captura en Europa -que no en España- y las internacionales contra estas cinco personas. La intención del magistrado entonces era evitar que la Justicia belga pudiera restringir la entrega por alguno de los cinco delitos -rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia- que se imputa a los exmiembros del Govern huidos.

Para el juez, mantener las órdenes europeas de detención podría entorpecer un adecuado desarrollo del proceso, puesto que si Bélgica denegara parcialmente la ejecución de las mismas, habría "dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este tribunal". Es decir, podría pasar que los investigados ahora en la cárcel fueran juzgados por más delitos que Puigdemont, lo cual a ojos de la Justicia española sería como mínimo antijurídico.

Por otro lado, Vox, personado como acusación popular en la causa, descarta por el momento solicitar al magistrado del alto tribunal la reactivación de estas órdenes de detención.

Fuentes del partido insistieron en declaraciones a Europa Press, que el juez Llarena retiró las euroórdenes porque el problema no es que se desplace de un país a otro, sino que su detención internacional imposibilite que pueda juzgarse por los delitos más graves, como sedición o rebelión.

Por ello, la acusación popular "en principio" descarta la posibilidad de la reactivación de la orden de detención porque considera que en Dinamarca podría darse la misma situación que en Bruselas.

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