El director general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda, Marcos Vaquer, dio hoy por "cerrada" la polémica que las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el Gobierno central han mantenido durante los últimos años por la recuperación de las competencias urbanística que la Administración General del Estado retiró en 1999 tras la llegada del GIL a sus gobiernos.

En declaraciones a los periodistas, Vaquer, que pronunció la ponencia inaugural de las Primeras Jornadas de Urbanismo de Ceuta, recordó que, a juicio del Gobierno central, "el Tribunal Constitucional zanjó en 2006 la cuestión con una sentencia en la que estableció claramente que el Estado debe ser el legislador urbanístico en Ceuta y que en la ciudad autónoma hay intereses supralocales" de los que el Ejecutivo no se puede "desentender".

"En esa sentencia el Constitucional dio la razón a nuestra posición al respecto, que pasa por mantener ciertas competencias flexibilizando otras", según amplió Vaquer, quien además subrayó que la Ley del Suelo aprobada en mayo del año pasado "ya devolvió parte de las competencias a Ceuta y Melilla, limitando además los informes vinculantes del Estado a los ámbitos de legalidad e interés supralocal y permitiendo a ambas ciudades modificar sus Planes Urbanísticos siempre y cuando dichos cambios no afecten a partes estructurantes de los mismos".

En su sentencia de 2006 el Tribunal Constitucional estableció que la regulación de los planes de ordenación urbana está dentro de la competencia sobre Urbanismo, que es "exclusiva de las comunidades autónomas", rango institucional que no tienen ninguna de las dos plazas. En el mismo sentido, el Constitucional destacó en su auto que por las particularidades de Ceuta "existen sólidas razones" que justifican "sobradamente" la intervención del Estado en el planeamiento urbanístico.