La Operación Enredadera, llevada a cabo por la UCO de la Guardia Civil bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de la juez Mercedes Alaya, aún no ha dicho su última palabra en lo que se refiere a sus ramificaciones en Algeciras. Según ha podido conocer Europa Sur, la unidad de la Benemérita que ha llevado a cabo toda la actuación, interrogará a lo largo de esta semana a tres técnicos municipales.

Se trata de José Álvarez Ruiz, ingeniero; José Alberola Visiedo, arquitecto municipal y a Javier Malla Calvente, coordinador de los servicios del Patronato Municipal de Deportes de Algeciras; los dos primeros firmaron el estudio de viabilidad de la adjudicación a Body Factory para la construcción del polideportivo en El Calvario el 18 de mayo de 2010, mientras que el tercero se ocupó del informe técnico sobre los aspectos estrictamente deportivos del proyecto. Ninguno de ellos está imputado por delito alguno y tampoco declararán ante la juez, sino únicamente en la Guardia Civil, para precisar y confirmar el alcance de su actuación en la adjudicación del centro deportivo. El pasado mes de julio, la jefa de Contratación del Consistorio algecireño, Isabel Toba, también fue llamada por la UCO para determinar el entramado que permitió llevar a cabo dicha adjudicación aunque no se le impusieron medidas cautelares, como sucede en esta oportunidad.

Fue el 7 de junio de 2010, el pleno municipal de Algeciras ratificó la adjudicación a Body Factory de la construcción y explotación del centro deportivo en El Calvario con los votos a favor de 15 concejales del PSOE e IU (Herrera, Mayordomo, Beneroso, Soto, Sánchez, Orihuela, Garrido, Espejo, Barranco, Melgar, Arrabal, Lozano, Duque, Álvarez y Pizarro) y las abstenciones de los ediles pertenecientes al Partido Popular (Landaluce, Ramírez, Zabalza, Cid, Fernández, Palenzuela, Jaén, Arellano, González y Triviño). Desde entonces, no ha hecho sino enturbiarse uno de los proyectos estrella de la anterior corporación municipal, con dudas sobre su adjudicación.

La investigación surge el pasado mes de abril y fue adelantada por Europa Sur, cuando dos funcionarios de la UCO acudieron a las dependencias del Ayuntamiento de Algeciras a recabar toda la documentación relativa a la adjudicación del polideportivo. La juez Alaya investigaba la actuación de José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo (propietaria al 50% del complejo deportivo y que participó como constructora del mismo) quien presuntamente habría pagado 200.000 euros en comisiones ilegales para su construcción, aunque no se hacía mención de los destinatarios de dicha cantidad.

El pasado día 11 y a pesar del cruce de informaciones que apuntaban hacia Algeciras como uno de los puntos donde se desarrollaba la denominada Operación Enredadera, derivada del Caso Madeja, la ciudad no se vio salpicada por las 32 detenciones llevadas a cabo en 13 provincias españolas y cuyos implicados están declarando a lo largo de esta semana ante la magistrada.

Fue el pasado jueves cuando el exalcalde de la ciudad, Diego Sánchez Rull trató de desvincularse de la empresa investigada y aseguró que "no tenía nada que ver con ellos, ni siquiera sé si vinieron a Algeciras" a pesar de que Europa Sur, desmentía esa información con la publicación de una fotografía en la que se le veía acompañando a los representantes de Fitonovo en la colocación de la primera piedra del polideportivo y con declaraciones efectuadas frente al representante de la empresa. Posteriormente y en declaraciones a Europa Sur, el ex alcalde de Algeciras, aseguraba tajantemente que no había "cobrado comisión alguna de la empresa Fitonovo" y ni tan siquiera recordó "si se dio dinero a alguien" y matizó que se refería a que no mantuvo "ninguna relación de tipo personal o administrativo con la empresa".