Andalucía

El fiscal pide el archivo de la pieza principal de la formación en Huelva

  • El Ministerio Público plantea el sobreseimiento de la causa contra el ex delegado de Empleo

El ex delegado de Empleo en Huelva Eduardo Muñoz. El ex delegado de Empleo en Huelva Eduardo Muñoz.

El ex delegado de Empleo en Huelva Eduardo Muñoz. / julián pérez / efe

La Fiscalía de Huelva solicitó ayer el sobreseimiento provisional de la pieza principal de la causa de los cursos de formación contra el que fuera delegado de Empleo Eduardo Muñoz, y otros seis cargos públicos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva que intervinieron en la ejecución, control y liquidación de las subvenciones que se concedieron a unas empresas de formación en la convocatoria de 2011. El Ministerio Fiscal de Huelva señala que los hechos investigados por la Policía Nacional por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos "no son constitutivos de delito".

El fiscal considera que las actividades llevadas a cabo no serían arbitrarias ni injustas" y resalta que "no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono". También indica que "no es ilícito el destino dado a los fondos que se emplearon para subvencionar los cursos, ni tampoco se puede equiparar menoscabo con malversación de fondos públicos". El Ministerio Público ha encontrado irregularidades o deficiencias que podrían tener una repercusión en el ámbito administrativo, pero "sin llegar a alcanzar a integrar los delitos de prevaricación y malversación".

Entre las deficiencias señala la escasez de personal para supervisar los cursos o en el sistema informático para homologar las entidades beneficiarias de los cursos, al igual que el utilizado para la justificación contable, "pero no imputable a los funcionarios que desarrollaron el trabajo, y mucho menos para imputarles la comisión de esos delitos", indica el escrito fiscal.

Sobre la presunta malversación de caudales públicos, la Fiscalía de Huelva afirma que la actuación de los investigados no ha supuesto una pérdida de fondos públicos, pues el destino dado a las subvenciones para los cursos de formación para el empleo "será legítimo por serlo el procedimiento seguido"; tampoco aprecia ánimo de lucro propio o ajeno en los investigados. Del mismo modo, el Ministerio Público también considera que no ha quedado acreditado que hubiera un plan conjunto en el que habrían participado los investigados o que actuaran de acuerdo con las empresas, que, supuestamente, fueron beneficiadas.

El juez procesó en junio de 2016 a Eduardo Muñoz y seis jefes y funcionarios de Empleo, por "malgastar el dinero público destinado a la formación, principalmente de personas desempleadas". La petición de archivo de la Fiscalía de Huelva coincide, en forma y en argumentos semejantes, a lo acordado por otros juzgados de Instrucción de distintas capitales andaluzas que han instruido procedimientos por los mismos hechos, todos derivados de la investigación policial conocida como caso Edu.

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