Andalucía

"El expediente del caso Serrallo no tiene nada que sea delictivo"

  • Los cinco concejales y ex ediles del PP de Granada declaran que votaron a favor de la concesión al contar con informes positivos

El concejal Juan García Montero a su llegada al edificio judicial.

El concejal Juan García Montero a su llegada al edificio judicial. / álex cámara

Los cinco ediles del PP del Ayuntamiento de Granada que en julio de 2012 formaban la junta de gobierno local declararon ayer a la juez que aprobaron el expediente del caso Serrallo porque "contaba con informes favorables y se refería a usos complementarios y horarios". Con las declaraciones de los concejales Juan García Montero y Telesfora Ruiz, y los ex ediles Juan Antonio Mérida, Vicente Aguilera e Isabel Nieto, culminó esta fase de declaraciones en la que se investiga una supuesta comisión de delitos de prevaricación contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

Los declarantes insistieron en que "aprobaron el expediente porque iba informado favorablemente y se refería a horarios y usos complementarios del Serrallo".

Uno de los implicados dice que un concejal "no está preparado para analizar cada expediente"

Mientras que Ruiz, García Montero y Mérida no quisieron realizar ninguna declaración a su salida de los Juzgados, Nieto expresó que "el acuerdo no tiene nada que pueda ser delictivo, extraño o inusual". Según la ex edil de Urbanismo, "era un acuerdo en el que la Junta de Gobierno dispone que el parque tenga el mismo horario que los demás parques y que el uso de las edificaciones sea de restauración como el de todos los parques", escudándose además en que "ningún miembro de la oposición protestó por dicho trámite".

El ex concejal Vicente Aguilera dijo que no conocía en profundidad los aspectos que votaba, sino básicamente "el enunciado de los expedientes", al considerar que "un concejal no está preparado para analizar cada expediente". Aguilera incidió en que "siempre me fiaba de lo que me ponían en la mesa con un informe técnico", volviendo a recordar además que fue alcalde en funciones cada agosto durante doce años, meses en los que firmaba "no pocos miles" de documentos. Asimismo, el exedil afirmó que cree "totalmente en la inocencia de mis compañeros, igual que creo en la mía".

Todo se remonta a julio de 2012, cuando la Junta de Gobierno Local de Granada aprobó un expediente por el que se concedían unos terrenos situados junto al centro comercial Serrallo Plaza, al empresario Roberto García Arrabal para su explotación. Estos terrenos estaban catalogados según el Plan General de Ordenanza Urbana (PGOU) de Granada como "zona verde y de dominio público", por lo que dicha concesión contemplaban el desarrollo de un parque, que constaba de cinco juegos infantiles y un pequeño quiosco.

Sin embargo, los terrenos que habían sido concedidos a la empresa privada García Arrabal, fueron convertidos en una sala de fiestas-restaurante -la conocida como discoteca del Serrallo-, una pista de patinaje y una tirolina, incumpliendo de este modo, lo que se recogía en el PGOU.

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