La Agencia Tributaria indica en un informe aportado al caso Astapa a instancias del juez instructor que el Ayuntamiento de Estepona valoró a la baja unos suelos de la promotora Prasa para establecer las cesiones que correspondían al Ayuntamiento.

Los investigadores de la presunta trama de corrupción de Estepona han analizado hasta ahora siete convenios urbanísticos y las valoraciones realizadas, entre otros aspectos, sobre los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento. Entre ellos figura el acuerdo urbanístico alcanzado entre el Ayuntamiento y Prasa en la finca El Ángel. Una de las conclusiones del dictamen sobre la valoración realizada en dicha pericia es que el valor del suelo "es cercano al 40% del valor en venta del producto inmobiliario, porcentaje mucho más ajustado al mercado que el cercano al 25% propuesto por los técnicos municipales".

El técnico de la Agencia Tributaria encargado del informe destaca en su pericia que han tenido en cuenta a la hora de hacer sus valoraciones "la inmejorable localización" del terreno, "muy cercano al centro urbano de Estepona y de servicios y su exclusividad por ser en ese momento de los escasos suelos vacantes en primera línea de playa".

El entonces concejal del PP Ricardo Galeote, que declaró como testigo en la causa, aseguró en relación a la venta de aprovechamientos durante el mandato del ex alcalde socialista Antonio Barrientos que el valor asignado a esos suelos "era muy inferior al valor real del mercado, lo que suponía un grave perjuicio para el Ayuntamiento y un gran margen para la especulación".

Galeote, además, dijo a la Policía que "en el caso de los convenios firmados a cuenta de revisión del PGOU, en los que también ha habido entregas de dinero en contraprestación por las importantes plusvalías de valor de esos suelos, las cantidades a pagar por los promotores eran en la mayoría de los casos irrisorias".

Los investigadores también tomaron declaración, en calidad de testigo, al director del equipo redactor de la revisión del PGOU, Enrique Bardají, quién aseguró que en uno de los convenios las valoraciones "no se hicieron bien", lo que hizo "constar por escrito". Bardají reconoció haber recibido presiones "en algunas ocasiones muy fuertes" sobre todo del que fuera gerente de Urbanismo del PES, Pedro López, y del alcalde, Antonio Barrientos Barrientos, y también del que fuera su jefe de gabinete, José Flores.