JOSÉ Antonio Griñán ha colocado la nómina de reivindicaciones andaluzas ante Madrid en la primera página de su agenda política. Le restan seis meses para las elecciones autonómicas, pero es seguro que sus peticiones se convertirán en una bandera de agravios si el PP de Mariano Rajoy logra gobernar como consecuencia de las generales del 20 de noviembre y no se aviene a la negociación. Entre enero de 2012, cuando se prevé que tome posesión el nuevo presidente, y marzo de ese año, cuando se celebren las andaluzas, Griñán y el PSOE dispondrán de tres meses para ver hasta dónde llega el compromiso del PP con Andalucía y para poner a prueba a los propios populares andaluces. Una estrategia bien elaborada que le ha permitido al presidente y al PSOE recuperar parte de la iniciativa política, pero que también se asienta sobre una base real. El grueso de las reclamaciones procede de fechas anteriores a la convocatoria de las elecciones del 20 de noviembre.

Hay, por tanto, una suerte de agravio preventivo ante la eventualidad de que el PP gobierne en España, aunque no es menos cierto que el listado de reclamaciones viene de meses antes. De hecho, las relaciones entre ambos gobiernos socialistas, el andaluz y el español, no han sido malas, pero tampoco excelentes. La celebración de ambas elecciones por separado es el mejor ejemplo que demuestra ese distanciamiento sutil que no ha pasado tan desapercibido en otros asuntos como el de la financiación autonómica. Pero lo que se ha producido ahora, tras el final del verano, es que Griñán ha subrayado con trazos gruesos y rojos cuáles son sus peticiones. Esto quedó muy claro durante la intervención que mantuvo después del primer Consejo de Gobierno del lunes pasado.

Un miembro del Gobierno andaluz lo explicó de este modo: "Estas peticiones no están sacadas de la manga, es que tocan ahora, no hay tactismo; nosotros no hemos escrito la sentencia del Guadalquivir, ahora también es el momento de cuantificar las inversiones en Andalucía porque se conocen las liquidaciones presupuestarias y las peticiones sobre los suelos hospitalarios vienen como consecuencia de una reforma en la ley de pensiones". Y sigue: "Esto no puede ser objeto de reproche hacia nosotros, lo sería si durante toda la legislatura no hubiéramos dicho nada y, ante una hipótesis de llegada del PP, comenzáramos a pedir".

Pero hay algo más que puede influir de modo positivo en el oscuro panorama electoral que debe afrontar el PSOE andaluz hasta marzo. Los fuertes ajustes presupuestarios que se están realizando en comunidades autónomas gobernadas por el PP, caso de Castilla-La Mancha o Madrid, se pueden tornar en argumentos a favor del PSOE andaluz. Es como si presintiesen un efecto Cospedal, pero a su favor. Eso, al menos, sostiene un miembro de la Ejecutiva con el que ha conversado este medio.

"No es el que 'viene la derecha' -mantuvo en relación al tradicional mensaje socialista-; es que está aquí, el PP tiene mucho poder y lo está vehiculando. Lo que va hacer Cospedal en Castilla-La Mancha, la reordenación del sector público que va a emprender Fabra en Valencia y los ajustes del profesorado de Aguirre en Madrid son el avance de lo que puede ocurrir en España y en Andalucía si ellos gobernasen". El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, mantiene que si Andalucía siguiese los pasos de Madrid, es decir, aumentar las horas lectivas en dos para ahorrarse los sueldos de los interinos, saldrían 4.000 profesores eventuales a la calle.

Desde el jueves pasado, el PP de Javier Arenas viene insistiendo en que los recortes son necesarios, aunque él no tocará ni la educación ni la sanidad ni los servicios básicos. Arenas mantiene que bastará con reducir el gasto corriente y tocar el importante sector público andaluz, aunque en éste hay empresas de todo tipo, incluidas las destinadas a la salud y la educación.

La principal reclamación de José Antonio Griñán es la de lograr la transferencia de la gestión integral del Guadalquivir mediante la puesta en marcha de la vía del artículo 150.2 de la Constitución, un mecanismo ya explorado con el Gobierno central, pero que Madrid desechó debido a su complejidad. El PP andaluz se deberá pronunciar sobre ello, toda vez que el próximo día 13 de septiembre se celebrará un pleno extraordinario en el Parlamento para aprobar una iniciativa legislativa autonómica por la que se solicitará la gestión del río. De ser aceptada por el Gobierno de Madrid, habría de aprobarse una ley orgánica, por lo que la petición caerá en el tejado del próximo Ejecutivo central. Javier Arenas duda de la consistencia legal de esta iniciativa, toda vez que la doctrina del Tribunal Constitucional es muy clara al respecto de la competencia de los ríos que pasan por varias comunidades. Los populares aún no han definido su postura, pero será muy difícil de articular, y no sólo por la posibilidad de que tal petición les llegue a ellos si gobiernan en España, sino porque Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia -todas del PP- van a mirar con detalle cualquier movimiento que pueda alterar el mandamiento constitucional.

A pesar del simbolismo del río, son bastantes en el PSOE quienes mantienen que este asunto pasará desapercibido para la ciudadanía y que no les reportará réditos electorales. Una opinión extendida entre muchos socialistas, entre militantes y parlamentarios, es que el peor mal del Gobierno de Griñán, el que debe atajar, es la pérdida de nivel de interlocución con los representantes sociales y, en especial, con los sindicatos UGT y CCOO. No obstante, un alto cargo, de los que podría considerarse críticos con el actual presidente, manifestó a este medio que, siendo esto cierto, al PP "lo vamos a tener entretenido". Junto a las peticiones al Ejecutivo central, los socialistas han puesto en marcha una iniciativa que impediría a los alcaldes ser parlamentarios. Esta modificación, que también se aprobará en septiembre, afecta a 17 alcaldes populares, un tercio del grupo. "Arenas va a entrar en muchas contradicciones -afirmó un miembro de la Ejecutiva-, porque es él el que defendía lo de una persona, un cargo, y ahora eso sí que cobra valor".

El PP mantuvo la iniciativa política durante todo el curso político anterior, cuyo epílogo fue la debacle del PSOE en las elecciones municipales, las primeras que han ganado los populares en Andalucía en toda su historia. Desde el Gobierno andaluz, se mantiene que el Debate de la Comunidad, de junio pasado, supuso un punto de inflexión. Fue a partir de entonces, por ejemplo, cuando Arenas tuvo que hacer pública su declaración del IRPF, y cuando se supo que sus ingresos ascendían a 142.679 euros entre lo que recibe del Senado y del propio PP. El de Griñán y su esposa fue de 85.131.

¿Suficiente todo ello para dar un vuelco a las encuestas? Estos seis meses lo dirán, aunque los sondeos otorgan una ventaja muy amplia a los populares de Arenas, y a partir de ahora contarán además con el respaldo de un poder municipal casi total.