El impago de la paga extra de marzo a las trabajadoras de la ayuda a domicilio acabará en los juzgados. El acto de conciliación celebrado ayer en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de la Junta de Andalucía entre las empleadas y la antigua concesionaria del servicio, la empresa ADL, solo sirvió para confirmar que no hay posibilidad de acuerdo y será el Juzgado de lo Social el que decida.

La plantilla confía en que los tribunales les den la razón, pero temen que tendrán que pasar al menos ocho o nueve meses hasta que tengan posibilidad de cobrar. Si se suman todas las extras, es una deuda que asciende a 100.000 euros.

La paga de marzo es una extra de beneficios que se devenga durante el año anterior. Por este motivo la plantilla entiende que la responsable de su abono es la compañía que se encargaba de la gestión de la ayuda a domicilio hasta el pasado 31 de diciembre, ADL. El 1 de enero traspasó el servicio a OHL.

Las reclamaciones de las empleadas fueron presentadas de forma individual, a través de USO (el sindicato que ostenta la presidencia del comité de empresa), a través de UGT y de otras trabajadoras a título particular. Casi toda la plantilla lo hizo.

El Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación acogió ayer el primer acto de conciliación de los previstos, pero ya ayer quedó claro que el calendario se cerrará sin avenencia. La presidenta del comité de empresa, Guadalupe Prieto, explicó que así se manifestó el procurador de ADL, que defendió que la extra no es una obligación de esta empresa. La compañía además ha hecho alusión en conversaciones con la plantilla a que el Ayuntamiento sigue manteniendo una deuda con ella.

En el encuentro también estuvo presente un representante de la compañía OHL, la actual concesionaria, aunque las trabajadoras están de acuerdo en que no es esta empresa la que debe asumir el pago.

Tras la reunión y la ratificación de que la situación no se resuelve por el momento, algo que las trabajadoras temían, el comité de empresa mantuvo una reunión en el Ayuntamiento con la concejala de Bienestar Social, Paula Conesa. La edil reiteró a las representantes de las trabajadoras lo que el equipo de gobierno ya les había trasladado, un compromiso de que el Consistorio asumirá el pago de la extra pendiente -dinero que detraerá de la deuda que le tiene reconocida a ADL-, pero cuando quede acreditada por sentencia judicial.

Prieto y Ana Jarillo, delegada de UGT, indicaron que en cuanto sea posible se presentarán las demandas judiciales. Esperan que se puedan agrupar en una misma causa.

La presidenta del comité y la delegada de UGT lamentaron que las trabajadoras sean las grandes perjudicadas en la situación que se ha suscitado.