El Ayuntamiento de Algeciras aprobó ayer de forma definitiva su presupuesto de este año. Las cuentas contemplan 110 millones de gasto en 2017, aunque el equipo de gobierno reconoció que serían precisos unos 70 millones más para atender todas las necesidades que tiene la localidad. Es decir, que lo ideal sería que fuera un 63% mayor.

El cálculo lo hizo el teniente de alcalde delegado de Hacienda y portavoz del grupo popular, Luis Ángel Fernández, durante el debate de las alegaciones presentadas al presupuesto, en un pleno ordinario celebrado por la tarde. De hecho Fernández apuntó, y en ello basó su aseveración, que el primer borrador de las cuentas salió con esos 70 millones de euros más, 180 en total.

El edil remarcó que al equipo de gobierno le gustaría cubrir todas las demandas que surgen, pero que la "escasez de recursos" es la que es (Antonio Sanz ha anunciado 7,7 millones más del Fondo de Ordenación para este año) y que el Ayuntamiento, por imperativo legal, no puede exceder el listón de los gastos. Es algo, cabría añadir, que el PP se ha impuesto por principio desde que accedió a Alcaldía: equilibrar las cuentas.

Fue uno de los argumentos que empleó el gobierno local para defender una posición que era ciertamente incómoda, la de rechazar unas alegaciones de Izquierda Unida que pedían una subvención de 20.000 euros para el comedor social de Ambae -en el que esta asociación repartió 75.000 comidas a familias sin recursos en 2016-, 15.000 euros para remodelar la sede de la asociación de mayores La Unión y 40.000 para arreglar un muro en un parque de la plazoleta Salvador Bacarisse. IU proponía detraer esos 75.000 euros de las partidas destinadas a publicidad o redistribuir las de Bienestar Social para que tuvieran cabida las actuaciones relacionadas con este departamento.

El equipo de gobierno dio varias razones más al no. También mencionó la Ley Reguladora de las Haciendas Locales porque no recoge entre los motivos para recurrir un presupuesto un cambio de partidas como el sugerido por IU e igualmente señaló que aceptarlo entrañaría un retraso de un mes más en la entrada en vigor de las cuentas.

Y en realidad el motivo que se podía haber impuesto a todos fue el compromiso de que sí, que piensa dedicar el dinero que reclamó IU a los fines solicitados, pero que lo hará a través de modificaciones presupuestarias. "Hay margen", manifestó Fernández.

La oposición, sin embargo, puso en duda que vaya a suceder. El titular de las alegaciones, José Luis Alcántara, resaltó que todas las intervenciones son ya antiguos compromisos pendientes. "Un gobierno es lo que hace, no lo que dice que va a hacer", espetó el portavoz socialista, Fernando Silva. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Holgado, sacó a colación que a Ambae le llegaron a cortar la luz porque no podía hacer frente a sus gastos.

Por otra parte, la empresa CTM, la intervenida concesionaria de los autobuses urbanos, también había registrado alegaciones al presupuesto. Reclamó una mayor dotación que la prevista (de 600.000 euros). El gobierno local incidió en que todos estos años han demostrado que es la cantidad que procede, al margen de recordar la especial situación en la que se encuentra el transporte urbano, a punto de ser rescatado. En el rechazo a las alegaciones de CTM hubo unanimidad de los grupos.

Precisamente rescatado en su día fue el servicio de cementerios. El gobierno local dio ayer por definitivamente concluido el proceso con la aprobación de la incorporación de sus 22 trabajadores, los de la antigua concesionaria, a la plantilla del Ayuntamiento. Hubo casi unanimidad, salvo por la abstención de Ciudadanos.