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Las dudas sobre su legalidad posponen la subida de las tasas

  • El equipo de gobierno prevé modificar el expediente y someterlo a votación este viernes en un pleno extraordinario

  • La nueva ley obliga a justificar el incremento de cada impuesto

El pleno del Ayuntamiento de Algeciras dejó ayer sobre la mesa la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de 2018 ante las dudas sobre la legalidad del expediente que se iba a votar. Está previsto que sea rectificado y vuelva a pasar por sesión plenaria, en este caso extraordinaria, este viernes a las 08:00, según avanzó el alcalde, José Ignacio Landaluce.

El grupo municipal socialista hizo ver que la subida de tasas propuesta -de un 1,5% para todos los impuestos, de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC) del pasado julio- vulneraría la llamada Ley de desindexación. Dicha norma vincula desde este año cualquier incremento de tasas a la justificación de que han variado los costes de su prestación y prohíbe relacionar de manera general el alza de los precios con índices como el IPC.

El grupo municipal socialista es el que alerta sobre la posible irregularidad

La posición del PSOE sobre la posible irregularidad fue adelantada ayer por Europa Sur. Y ya ayer el gobierno local del Partido Popular, tras realizar las consultas oportunas, modificó el expediente. Eliminó la referencia al IPC e incorporó dos informes, uno de Intervención y otro económico-financiero, que respaldaban la subida propuesta.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, señaló que la alusión al IPC era "más una referencia política" que técnica, por lo que no había problema en retirarla.

"Pienso que el expediente se ha completado", intervino el secretario municipal, que añadió que lo que sí veía procedente era votar la urgencia del expediente por haberse realizado los nuevos informes después de haber quedado fijado el orden del día del pleno.

El interventor reconoció que el desarrollo de la normativa es nuevo (a partir de un real decreto del pasado febrero) y que todavía habrá que atestiguar la "interpretación exacta" de la ley.

El portavoz del PSOE, Fernando Silva -que reprochó las prisas y explicó que los nuevos informes llegaron a la oposición ayer mismo vía email a las 13:50- insistió y dijo que seguía sin tenerlas todas consigo. "El informe no concuerda. Hay que hacer uno para cada una de las tasas", argumentó.

Daba la sensación de que con esta incertidumbre se iban a votar las ordenanzas, pero pareció que Silva terminó por disuadir a los responsables municipales. "Queremos ahorrarle al Ayuntamiento el riesgo de un acuerdo nulo o anulado por los tribunales. Se exponen a cualquier denuncia", expresó.

En ese momento el alcalde intercambió unas palabras con los técnicos y preguntó en voz alta a su delegado de Hacienda si era posible retrasar la aprobación de las ordenanzas para disipar cualquier atisbo de posible ilegalidad. Fernández contestó que sí y el asunto, así pues, se quedó sobre la mesa.

Pese a esta secuencia de acontecimientos, Fernández recriminó a Silva que no actuara de manera responsable. "Tiene usted ganas de enredar", le espetó. El socialista le replicó con muecas de asombro.

Por el pleno de ayer, por otra parte, también pasó el informe de seguimiento del plan de ajuste relativo al segundo trimestre de 2017. Buena parte del debate giró en torno a las diferentes cifras que suele contener en cuanto a la deuda comercial y al periodo medio de pago a proveedores con respecto a los informes que publica el Ministerio de Hacienda.

El informe sitúa la deuda comercial en 31,5 millones de euros y el periodo medio de pago a proveedores, en 276 días. Los datos de junio de Hacienda reseñan 33,2 millones de débito con los proveedores y 395 días de morosidad. Luis Ángel Fernández atribuyó la discrepancia a cómo y cuándo cada administración considera que una factura está abonada o no.

El portavoz de Algeciras Sí Se Puede, Alejandro Gallardo, llamó la atención sobre la distancia entre el tiempo medio que llevan esperando las facturas que se pagan (45 días) y las que están pendientes (417 días), de acuerdo a las estadísticas del ministerio. Gallardo enfatizó que es algo, tal diferencia, que no ocurre en ningún otro municipio de la provincia. Por ello volvió a reclamar al gobierno local que publique a qué proveedores se debe dinero y cuáles están cobrando.

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