El equipo de gobierno del Partido Popular aseguró ayer que construirá la guardería proyectada en El Saladillo aunque pierda la subvención de la Junta de Andalucía. Eso significaría que tendrían que salir 600.000 euros no previstos de las arcas locales, aunque cree el gobierno municipal que la situación no llegará a ese extremo. A unas malas, considera, los tribunales le darán la razón.

Al descrito punto, con controversias de financiación y referencias a posibles litigios judiciales, se ha venido el proyecto de la guardería después de tantos años. El expediente de construcción de esta infraestructura educativa pasó por el pleno celebrado ayer. Fue aprobado por unanimidad, lo que no significa que no resultara muy discutido, que lo fue.

La oposición pregunta por qué el dinero lleva dos años cobrado y el proyecto sigue pendiente

El PSOE cargó hace cuatro días contra el gobierno local por perder la subvención concedida ya por la Junta, 440.000 euros, el 75% que adelantó. Ayer el portavoz socialista, Fernando Silva, indicó al equipo de gobierno que conoce pero no admite que la administración autonómica ha puesto en marcha los trámites previos de un expediente de devolución de la citada ayuda por no haberse ejecutado la obra.

El portavoz del PP, Luis Ángel Fernández, lo negó. Aseguró que en el Ayuntamiento no se ha recibido una comunicación así y que de ser cierto lo que contó Silva estaría manejando "información privilegiada", lo que sería una "deslealtad" de la Junta con el Ayuntamiento, calificativo que también usó el alcalde, José Ignacio Landaluce.

Fernández recalcó que el Consistorio pidió una prórroga para poder conservar la subvención, pero que la Junta aún no ha contestado. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Holgado, le preguntó que por qué entonces no aparece esa petición en el expediente.

Toda la oposición reprochó al gobierno local lo sustancial: que cómo es posible que lleve dos años con el dinero ingresado y todavía esté la guardería in albis. Fernández sostuvo que no se ha podido culminar la tramitación del proyecto en este tiempo.

Durante el enfrentamiento el alcalde manifestó que el epitafio de la tumba de Fernando Silva dirá: "Pasó por esta vida sin hacer el bien y mintiendo mucho". Tal aseveración fue recibida con silencio y algunos murmullos de reprobación entre el público.

También destacó la sesión plenaria de ayer por la visualización del apoyo de los grupos que conforman la corporación a las reivindicaciones de la estiba. Fue a través de las intervenciones de los portavoces municipales y por medio de una moción conjunta, si bien a lo que se apela en ésta es a alcanzar un acuerdo de todos los implicados que satisfaga a las partes involucradas.

Al salón de plenos acudieron algunos estibadores y uno de ellos, Juan Antonio Serrano, tomó la palabra. Serrano afirmó que el decreto ley que prepara el Gobierno será la "muerte profesional" de los trabajadores del sector. "Nos sentimos engañados. Hemos hecho crecer el puerto y es una traición lo que se nos quiere imponer", dijo.

El representante de los estibadores mostró el agradecimiento del colectivo por el respaldo escenificado ayer. De hecho varios portavoces, uno de ellos el del PP, llegaron a repetir la consigna "ni un paso atrás".

El pleno, por otra parte, también dejó un anuncio del equipo de gobierno en relación con los planes de empleo que promueve la Junta de Andalucía. No podrá seguir asumiéndolos si no cambian las condiciones de estos programas.

La raíz del problema reside en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras denuncias efectuadas por contratados por estos programas en Málaga. El TSJA ha dictaminado que deben cobrar como cualquier otro trabajador del Ayuntamiento de su puesto y categoría.

Este escenario eleva los costes de los planes de empleo, que no cubren en su totalidad las subvenciones que entrega la Junta. El gobierno municipal indicó que en esa coyuntura no puede asumir económicamente los programas y rogó a la administración autonómica que modifique el decreto que los regula para acabar con la "desprotección" jurídica -en palabras del alcalde- a la que han abocado los fallos del TSJA.

Todo surgió a propósito de una moción de Algeciras Sí Se Puede que emplazaba al Ayuntamiento a solicitar las nuevas ediciones de los planes Emple@ Joven y Emple@ 30+. Fernández señaló que hay tiempo hasta el día 9 de marzo y confió en que para entonces pueda haber cambiado la situación.