El arquitecto Joaquín Pallí dijo ayer en la Audiencia que resulta muy difícil identificar con precisión una finca determinada en la zona no urbana de Chiclana, que no suele haber nombres de calles ni números de parcelas. El procesado explicó que a él lo llevaron a dos fincas en las que vio que había unas edificaciones y que así lo certificó pero que no puede asegurar que los terrenos que le mostraron se correspondan con las fincas registrales sobre las que consta que hizo dos certificados.

Pallí, para quien el fiscal solicitó cuatro años de prisión por dos delitos de falsedad en documento oficial, alegó así ayer, en el segundo juicio que lo sienta en el banquillo en la Audiencia, que quizá fue engañado y por eso no coincide lo que él certificó en 2003 y 2004 (que había viviendas con más de cinco años de antigüedad en las dos fincas) con lo que asegura la Fiscalía basándose en la información aportada por el Ayuntamiento de Chiclana: esto es, que en 2001 no había en esos terrenos lo que dijo Pallí; que en realidad, en una finca no había ninguna construcción y que en otra había una de unos 80 metros cuadrados de superficie, no de unos 400.

Las certificaciones de Pallí sobre la antigüedad de las edificaciones recién construidas sin licencia perseguían, según el fiscal, burlar la disciplina urbanística de Chiclana por prescripción de infracciones.

Un agente de la Guardia Civil del Equipo contra la Delincuencia Urbanística declaró ayer como testigo en el juicio y explicó que habían detectado que en 2006 Joaquín Pallí había firmado unos 635 certificados de antigüedad de construcciones inscritas después en el registro de la propiedad como obra nueva.

Pallí fue condenado a finales del mes pasado a un año de prisión por elaborar un certificado falso tras un juicio por otro caso de obra nueva. La sentencia, de la Sección Primera, no es firme: la defensa la ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

Junto al arquitecto se sentaron ayer en el banquillo los propietarios de las fincas sobre las que certificó Pallí. El fiscal reclamó también penas de dos años de prisión para los propietarios de una de las fincas. El propietario de la otra se retiró del banquillo al inicio de la vista oral, tras alegar y conseguir su abogado que el tribunal declarase que el delito ha prescrito.

El certificado sobre esa finca fue realizado más de tres años antes de que el caso fuese denunciado en un Juzgado de Chiclana. Por lo tanto ha prescrito. Si llegó a juicio fue porque el fiscal acusaba en principio al arquitecto de otro delito: de actuar como funcionario al falsificar un documento oficial. Ese delito prescribe a los diez años y eso afectaba a todos los procesados.

La Fiscalía se ha visto obligada a modificar su calificación del delito tras ver rechazado su criterio por la Audiencia Provincial de Cádiz. De hecho, en el caso juzgado ayer, la Fiscalía solicitaba en principio ocho años de prisión para el arquitecto.

El abogado de Pallí reclamó la absolución y, en todo caso, que también le sea aplicada la prescripción que el tribunal aceptó en el caso de una de las fincas. La defensa de los otros dos procesados también pidió la absolución.